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Nacional

Buscan solución a metástasis hídrica

Con la nueva legislación en la materia, pendiente desde 2012, los legisladores prevén atender los retos en cobertura, cobro, inversión, contaminación, sobreexplotación y manejo sustentable del agua que vive actualmente el país

Ernesto Méndez | 14-07-2022
Tierra agrietada por falta de agua
Monterrey es un ejemplo de lo que no debe de ocurrir en México. Fotografía: Cuartoscuro Archivo

 


Nunca más una emergencia por sequía como la que vive Monterrey, una vez que México cuente con la nueva Ley General de Aguas mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que será aprobada a más tardar el 31 de diciembre por el Congreso de la Unión, aseguró el diputado Rubén Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en San Lázaro.

Destacó que el Poder Legislativo cubrirá el pendiente que tiene desde 2012 de garantizar el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, que consagra el derecho humano al agua para todos los mexicanos, con una dotación mínima diaria de 100 litros por ciudadano.

En entrevista con Excélsior, prometió un marco jurídico, por consenso con todas las fracciones parlamentarias, que resuelva el problema de hoy y del futuro, y no sólo para salir del paso, luego de las controversias constitucionales promovidas por 18 municipios de Chihuahua.

Afirmó que la intención es trabajar en instrumentos jurídicos integrales con normas y regulaciones periféricas que hagan viable la aplicación de la nueva Ley General de Aguas, que contenga el qué, los quiénes y los cómos.

Monterrey es un ejemplo de lo que no debe de ocurrir en México, pero, debo decírtelo también, si no hubiera ocurrido lo de Monterrey, muchos tomadores de decisiones no estarían viendo hoy la importancia del agua para la presente generación de mexicanos”, manifestó.

El diputado por Morena estableció la ruta crítica para la elaboración de la iniciativa de la Ley General de Aguas, con un plazo de dos meses más para concluir con el diagnóstico, que adelantó es de un paciente con metástasis, pero que tiene cura, resolviendo los grandes retos en cobertura, cobro, inversión, contaminación, sobreexplotación y manejo sustentable del recurso.

Reveló que en el seno de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento ya se revisaron las cinco iniciativas que trabajaron las pasadas tres legislaturas.

Puntualizó que tres propuestas son las que engloban lo que quiere la sociedad mexicana, que habló en los parlamentos abiertos, lo que servirá como base, además de las opiniones que se solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Senado. 

Tenemos que hacer una ley para el presente y para el futuro, no queremos una ley que sólo atienda el tema de coyuntura; el problema del agua no puede esperar... México padece hoy una suerte de metástasis hídrica”, advirtió. 

Rubén Muñoz agregó que darle agua a todos los mexicanos será una de las grandes transformaciones de la vida nacional, donde existe la preocupación, compromiso y voluntad de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

Radiografía del Agua en México

El diputado morenista adelantó que, de acuerdo con las conclusiones preliminares del estudio que realizan desde hace medio año, con apoyo de los mejores expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales, en pleno 2022, 14 millones de mexicanos no tienen acceso a la red de distribución de agua potable y más de 38 millones de personas no cuentan con una red de drenaje y saneamiento.

Alertó que el Estado necesita invertir 75 mil millones de pesos al año, aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PIB), para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y responder al crecimiento demográfico, por el nacimiento de 840 mil mexicanos cada año que demandan el recurso. 

En contraste, comentó, la Federación, los seis sistemas estatales del agua y los dos mil 471 municipios del país dejan de cobrar 290 mil millones de pesos al año, principalmente a los grandes consumidores en los sectores agropecuario, comercial, de servicios e industrial.

A nivel federal, por ejemplo, la Conagua tiene más de 168 mil concesiones otorgadas en todo el territorio nacional; esas concesiones son los distintos popotes que hay desde Yucatán hasta Tijuana; de estas 168 mil concesiones, solamente se miden 30 mil y se miden de forma incompleta, porque lo hacen de manera enunciativa o presuntiva, porque le permiten al usuario declarar el agua que consume”, explicó. 

Además, lamentó que, de los 653 acuíferos en territorio nacional, más de 400, lo que equivale a las dos terceras partes, tienen un grave problema de sobreexplotación.

Resaltó que mil 600 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las tres mil 960 que existen en la República Mexicana, se encuentran fuera de operación, porque ni los organismos operadores ni los municipios tienen dinero para pagar la luz, los costos de operación y las cuotas a la Conagua.

Precisó que alrededor de 47% del agua que llega a la red se sigue desperdiciando por fugas a nivel nacional. 

 

Soluciones 

 

El diputado afirmó que lo primero es cobrar el agua a todos los usuarios, lo que sumaría 290 mil millones de pesos extra al año.

Y que con estos recursos hagamos el entubamiento de nuestras redes hidráulicas agrícolas; resolvamos los problemas de fugas en las ciudades; construyamos los tanques elevados que se requieren en todas las concentraciones urbanas, y pongamos las plantas potabilizadoras que hoy demanda la población para volver a tomar agua de la llave, para no contaminar los cuerpos de agua y descontaminar los que ya tenemos afectados”, enumeró.

Resaltó que también se tiene que crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica para que el sector agropecuario, que consume 75% del agua disponible, aporte un peso por tonelada o hectárea producida para exportación, con el fin de tecnificar el campo para evitar el desperdicio del recurso y reutilizar las aguas residuales.  

Asimismo, dijo que se tiene que llegar a un consenso para que las industrias minera, metalmecánica, metalúrgica y de la construcción utilicen agua tratada y dejen de emplear agua potable en sus procesos.

 

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