Buscan a los 43 en 6 municipios de Guerrero a 20 días del 7° aniversario de su desaparición
El tercer Informe de Gobierno del Presidente detalla las acciones que se realizan para hallar a los normalistas

CIUDAD DE MÉXICO.
A 20 días de que se cumplan siete años del caso Iguala (2014), autoridades federales rastrean indicios de los 43 normalistas en seis municipios de Guerrero.
El Tercer Informe de Gobierno detalla diversas acciones realizadas entre septiembre de 2020 y julio de 2021 para conocer la verdad acerca del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, uno de los dos únicos compromisos que tiene pendientes de cumplir el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el propio mensaje que el mandatario federal dio en Palacio Nacional, con motivo de su informe.
El documento detalla que en dicho periodo se realizaron 51 jornadas de búsqueda de campo en los municipios de Cocula, Eduardo Nery, Huitzuco, Iguala, Tepecoacuilco de Trujano y San Miguel Totolapan. Destaca que este último es la única de las localidades enlistadas que no colinda con Iguala; incluso, su cabecera municipal está a 150 km del zócalo de Iguala, en una ruta que en auto se recorre en casi tres horas.
Dichas búsquedas se realizaron en el marco de las diligencias encabezadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR. Aunque no se ofrecen más detalles, en el informe se indica que permitieron la elaboración de mapeos relacionados con la posible ubicación de los 43 normalistas desaparecidos.
Otra acción fueron las entrevistas con personajes clave, que no se identifican, quienes brindaron información relevante sobre el paradero de los jóvenes, así como lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además, se detuvo a Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial; se ubicó en Israel a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR y quien cuenta con una orden de aprehensión. También se ejecutó la reaprehensión de José Ángel Casarrubias Salgado, alias Mochomo.
“En atención a las demandas de los padres y madres de los estudiantes víctimas de violaciones graves a derechos humanos se fortaleció el proceso de diálogo y colaboración mediante 14 reuniones de evaluación y seguimiento realizadas a julio de 2021, encabezadas por el titular del Ejecutivo federal”, agrega el documento.
Enlista la identificación, el pasado 15 de junio, de los restos óseos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los normalistas. Dicho hallazgo se une al de Christian Alfonso Rodríguez, en junio de 2020. Las identificaciones fueron realizadas por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, Austria, y corroboradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Se solicitó a diferentes dependencias de la Administración Pública Federal (APF) información relacionada con el caso, destacando la proporcionada por la Sedena, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia”, abunda.
“Sedena y FGR, pasmadas”
ACAPULCO.— La FGR y la Sedena están pasmadas ante el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala y no caminan de acuerdo con el compromiso que hizo el Presidente de la República, aseguró el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.
En entrevista, aseguró que la detención de Patricio Reyes Landa es un obstáculo para la investigación del caso Iguala, pues, hasta donde él sabe, se estaban tendiendo puentes por parte del gobierno federal con la persona ahora detenida para que diera información sobre el caso.
Y ahora, con su detención, en lugar de ayudar será un obstáculo más para obtener información sobre los qué, cómo y dónde están los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, señaló.
Afirmó que, “en este momento, es difícil discernir las cosas, debe de haber mayor transparencia y disposición en la investigación.
“Sabemos que hay voluntad política en el Presidente López Obrador de resolver el caso, pero la FGR y la Sedena no caminan a su paso y no le ayudan”.
Dijo estar convencido de que hay un pacto de silencio de actores políticos de alto nivel que hacen todo para que no se llegue a la verdad del caso Iguala.
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