Apuesta Congreso de la Unión a 11 reformas de impacto

CIUDAD DE MÉXICO.

Generadoras de un de­bate entre diversos sectores involucrados, motivantes de pugnas, acusaciones y has­ta de acciones de in­constitucionalidad y controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2021 nacie­ron en medio de la polémi­ca y todavía están en litigio y dos surgieron con la espe­ranza de atenuar aristas de violencia.

Desde el 1 de febrero del 2021, al iniciar el último pe­riodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura y has­ta el 15 de diciembre del 2021, al concluir el primer periodo ordinario de la LXV Legisla­tura, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 82 decretos de reformas lega­les, nuevas leyes, cambios a la vida interna del propio Poder Legislativo, entregas de reco­nocimientos y declaraciones de días específicos para vi­sualizar algún tema.

Pero entre ese universo de 82 decretos destacan 13, por­que los temas que abordan despertaron el interés general de quienes están inmersos en los sectores que tocan o por­que son parte de demandas sociales históricas, como ocu­rrió con tres de ellos.

Uno de ellos es la reforma legal que se conoce como la Ley Olimpia, que lleva a nivel federal el castigo para quien vulnera la intimidad de una persona y la exhibe en redes sociales u otros medios elec­trónicos y digitales. Surgió a partir de la lucha de una joven, Olimpia, víctima de un exno­vio y que logró abrir la brecha para que se visualizara este fenómeno propio de un mun­do cada vez más digitalizado.

El segundo es la reforma para prohibir el uso de ani­males en la industria cosmé­tica, porque se trata de una demanda social en apoyo a los seres vivos que son usados con crueldad, insalubridad y todo tipo de maltratos, sin que hubiera un castigo para sus perpetradores.

Y el tercero es la nueva Ley General de Educación Supe­rior, que, a pesar de que no fue explícitamente una de­manda del sector, su cons­trucción sí se pactó con la opinión de las instituciones de educación superior de todo el país, y aunque carece de los fondos necesarios para hacerse plenamente una rea­lidad, conservó el principio constitucional de respetar de manera absoluta la autono­mía de las instituciones edu­cativas, tanto para decidir su mapa curricular como la li­bertad de cátedra y la forma de administrar sus recursos.

Los otros 11 decretos fue­ron parte de propuesta de ofi­cialismo y que enfrentaron el rechazo de diversos sectores, aunque eso no provocó que se cancelaran; por el contrario, a pesar de las críticas, son hoy una realidad en el orden jurí­dico nacional.

EL PLEITO DE LOS POLÍTICOS

La Ley Federal de Revoca­ción de Mandato surgió en medio de una fuerte polémi­ca. El Presidente de la Repú­blica quería que este marco jurídico fuera una realidad antes del Informe de gobier­no del 1 de septiembre. Pero Morena, el partido en el poder federal, no tiene los votos su­ficientes para formar la mayo­ría calificada que permitiera a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con­vocar a una sesión extraor­dinaria de las Cámaras y así aprobar la nueva ley.

La oposición cerró filas para no permitir el voto que le hacía falta a Morena. Hubo un primer intento, el 18 de agos­to. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pactó con el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que facilitara la apro­bación del Extraordinario; por eso, la emecista Gabriela Medina, diputada federal, se ausentó, lo cual iba a permitir que el bloque oficialista tuvie­ra los votos necesarios, pero también se ausentó el sena­dor petista Joel Padilla y eso frustró el plan.

Se intentó una segunda vez, pero el líder de los sena­dores de Movimiento Ciuda­dano, Dante Delgado, pidió que las dos diputadas de MC, Fabiola Loyola, y su suplente, Gabriela Medina, se presen­taran de inmediato en la Per­manente y acudieron. Así, el bloque opositor tuvo los votos completos y aunque el bloque oficialista también tuvo todas sus asistencias, le faltó un voto para lograr el extraordinario.

Sólo unos días después nació la Ley Federal de Revo­cación de Mandato, ya en el periodo ordinario.

A LA CORTE

Excélsior reveló que, en los primeros tres años de la ma­yoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, se han presentado 58 con­troversias constitucionales y 31 acciones de inconstitucio­nalidad, entre ellas 17 naci­das en las entrañas del propio Poder Legislativa, pero cua­tro de ellas fueron impugna­das en este año: la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; la reforma a la Ley de Hidrocar­buros; el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Las reformas a las leyes de la industria energética mexicana no sólo están im­pugnadas en la Corte por senadores de oposición, sino que enfren­tan cientos de emparos promovidos por los am­presarios del ramo.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefo­nía Celular fue impugnado por los senadores, así como por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai)

Y la Ley Orgánica del Po­der Judicial de la Federación fue controvertida por el Poder Legislativo y hasta el momen­to es la única que se ha resuel­to, en favor de la petición de la oposición, pues reclamó como inconstitucional el ha­ber incluido un artículo tran­sitorio para ampliar el periodo de gobierno de los integran­tes de la Judicatura Federal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esos cuatro decretos na­cieron en medio de la polé­mica. Las relacionadas con la industria energética tuvieron foros de consulta organizados por la Cámara de Diputados, pero, a pesar que los expertos alertaron de visos de inconsti­tucionalidad, la Cámara no le cambió “ni una coma”, como pidió públicamente el Presi­dente de la República.

Y al llegar al Senado, los legisladores del bloque ofi­cialista decidieron darles un trámite rápido y avalarlas en sus términos.

Para el caso del padrón de los usuarios de teléfonos ce­lulares hubo peticiones ex­presas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la imposibilidad presu­puestal y operativa que tiene para hacerse cargo de este padrón; además, los empre­sarios del ramo hablaron de su inutilidad.

Pero lo más relevante fue la alerta que die­ron diversas or­ganizaciones sociales sobre el riesgo de permitir que cientos, miles de personas puedan recaban datos biométri­cos de los mexica­nos, porque se pone en riesgo su identidad; por eso el Inai impugnó la reforma.

En el caso de la Ley que rige al Poder Judicial, nació en un contexto de gritos y re­proches de los senadores de opisición en contra del ma­yoriteo de Morena, amén de acusar un albazo, dado que el agregado de su artículo trasi­torio no fue avisado con tiem­po, aunque sí en la sesión del  pleno correspondiente.

Con el estigma de tratarse de una trampa, en la Cáma­ra de Diputados la avalaron, sin escuchar las horas de par­ticipación de la oposición y del morenista Porfirio Muñoz Ledo, que alertaron de los riesgos de inconstituciona­lidad de ampliar el mandato del presidente de la Corte.

NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Además, hubo otras cuatro re­formas que generaron mucha actividad en redes sociales, por las críticas que desper­taron y dos de esos casos fue necesario un acuerdo políti­co para que pudieran hacer­se realidad: outsourcing y Ley de la Fiscalía General de la República.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo, para terminar con la subcontratación abusiva, requirió de meses de nego­ciación, porque los empresa­rios alertaron que se trata de un modelo que no debe desa­parecer, frente a la insistencia de sindicatos y gobierno fede­ral de desaparecerlo.

Fue aprobada después de una negociación directa de los empresarios con el Eje­cutivo federal y entró en vigor plenamente el 1 de septembre pasado. Los datos económi­cos conocidos recientemente muestran una disminución en plazas de trabajo, como efec­to de esta decisión legislativa, pero también existen datos que demuestran que por pri­mera vez, en este diciembre, no se usó el despido temporal para evitar el pago de presta­ciones a los empleados.

 La nueva Ley de la Fiscalía General de la República gene­ró una intensa polémica, por la decisión de quitarle la res­ponsabilidad de acudir a los diferentes grupos de trabajo interintitucional que atien­den delitos específicos, como la violencia contra las muje­res, la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas.

Logró aprobarse luego que los grupos de la sociedad ci­vil y los llamados colecti­vos de víctimas empujaron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación, para que no se desatendiran esos temas tan sensibles.

La reciente reforma para declarar todos los espacios públicos y privados como ciento por ciento libres de humo y emisiones de tabaco, así como prohibir la publici­dad estuvo a punto de quedar para el próximo periodo ordi­nario de sesiones, pero el sub­secretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, presionó públicamente al Senado, in­cluso acusó a un senador pe­rredista de tener nexos con la industria tabacalera, para que no se bloqueara.

Y la reforma que permite al gobierno federal enajenar bienes vía las rifas provocó críticas públicas de diferentes grupos sociales, pero Morena y sus aliados políticos se man­tuvieron firmes para no modi­ficarle nada.

cva

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