Venezuela otorga libertad plena a 179 presos gracias a la amnistía
Un total de 179 personas fueron excarceladas tras la nueva Ley de Amnistía, mientras más de 4 mil solicitudes avanzan en tribunales del país
Un total de 179 personas salieron de prisión en Venezuela, beneficiadas por la recién promulgada Ley de Amnistía, informó el jefe de la comisión parlamentaria que da seguimiento a su aplicación.
La ley, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.
La amnistía no es automática. Exige que quienes quieran optar por el beneficio acudan a tribunales para la revisión de cada caso y que se dicte el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.
El diputado Jorge Arreaza informó que el sistema de justicia ya recibió 4 mil 293 solicitudes de amnistía.
Del total, unas 3 mil personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también al amparo de esta ley, promulgada el 19 de febrero.
Es extraordinario el ritmo que se lleva”, celebró Arreaza en rueda de prensa.
Cifras y seguimiento de organizaciones
De acuerdo con reportes de organizaciones como Foro Penal, en sus balances más recientes de 2024 se contabilizaban más de 250 personas consideradas presos políticos en Venezuela, una cifra que ha variado en los últimos años en función de excarcelaciones y nuevas detenciones.
Estas organizaciones han señalado que la ejecución de medidas de amnistía depende de decisiones judiciales individuales, lo que explica la exigencia de que cada beneficiario solicite el sobreseimiento o la anulación de sentencia ante tribunales competentes.
Marco constitucional y antecedentes
La Constitución venezolana establece en su artículo 187, numeral 5, que corresponde a la Asamblea Nacional decretar amnistías, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede revisar su constitucionalidad.
En antecedentes recientes —como la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 2016— el TSJ declaró su nulidad, lo que impidió su aplicación efectiva.
Este contexto jurídico explica por qué la aplicación de la nueva normativa requiere procesos judiciales individuales, aun cuando la ley ya haya sido promulgada.
«pev»
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