El amargo final del 'viaje soñado': influencers caen con droga rumbo a Bali
Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra fueron capturadas por la Dirandro cuando intentaban viajar al sudeste asiático con cocaína y tusi
Sucedió en Perú. Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, influencers de 22 años, proyectaban en sus redes una vida de ensueño: modelaje, viajes de lujo y miles de seguidores. Su último destino era Bali.
Lo que se promocionaba en redes sociales como una travesía de lujo por el sudeste asiático terminó en las celdas de la Dirandro. Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, ambas de 22 años y conocidas por su actividad como influencers, fueron detenidas el pasado domingo 11 de enero en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras intentar sacar del país más de tres kilos de droga.
El operativo en el Jorge Chávez
La intervención, realizada por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ocurrió durante los controles de rutina en la zona de embarque. De acuerdo con el reporte oficial, el nerviosismo de las jóvenes alertó a los efectivos, quienes inspeccionaron su equipaje documentado.
Dentro de las maletas, camufladas en envases de productos de belleza y suplementos nutricionales, se hallaron:
- Clorhidrato de cocaína de alta pureza.
- Tusi o cocaína rosa, una droga sintética de alto valor en el mercado internacional.
En total, el cargamento superaba los 3.2 kilogramos, una cantidad que en mercados asiáticos como Bali o Hong Kong podría alcanzar un valor superior a los 250 mil dólares.
La fachada de las redes sociales
Uriarte y Salvatierra contaban con miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde proyectaban una vida de viajes, moda y confort. Sin embargo, las investigaciones preliminares sugieren que este estilo de vida funcionaba como anzuelo para las mafias del narcotráfico.
Según fuentes policiales, las jóvenes habrían sido reclutadas por una red criminal internacional que utiliza el perfil de influencer para evadir los filtros de riesgo migratorio. A cambio de transportar la droga, les habrían ofrecido 10 mil dólares a cada una, además de cubrir todos los gastos de su estancia en Indonesia.
Destino mortal
El caso encendió las alarmas por el destino final de las jóvenes. Países como Indonesia son conocidos por sus leyes de tolerancia cero contra el narcotráfico, donde las penas incluyen cadena perpetua y, en algunos casos, la pena de muerte mediante fusilamiento.
“Es un recordatorio trágico de cómo las mafias captan a jóvenes vulnerables a través de la ambición por el estatus digital”, declaró un vocero de la Policía Nacional. Situación legal
Hasta ahora, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para ambas mientras se profundiza en la red de contactos que facilitó el cargamento. De ser halladas culpables en territorio peruano, enfrentarían una pena no menor a 15 años de cárcel.
De acuerdo con cifras oficiales de la Dirandro, solo en 2024 se incautaron más de 32 toneladas de droga a nivel nacional, de las cuales cerca del 70 % tuvo como destino final mercados de Asia y Europa, rutas consideradas de alta rentabilidad para las organizaciones criminales.
La modalidad de “correos humanos” jóvenes y sin antecedentes penales se ha incrementado. Datos del Ministerio del Interior indican que uno de cada cinco detenidos por tráfico internacional en aeropuertos peruanos tiene entre 18 y 25 años.
En el caso específico del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Dirandro reportó más de 180 intervenciones por tráfico ilícito de drogas durante 2023, siendo el clorhidrato de cocaína el estupefaciente más frecuente.
El llamado tusi o “cocaína rosa”, pese a su nombre, suele ser una mezcla de ketamina, MDMA y otras sustancias sintéticas. La ONUDD advierte que su valor puede multiplicarse hasta diez veces en mercados del sudeste asiático frente a su precio en Sudamérica.
Indonesia mantiene una de las legislaciones más severas del mundo contra el narcotráfico. Según el Código Penal indonesio y la Agencia Nacional de Narcóticos (BNN), el tráfico de más de 5 gramos de cocaína puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte, sanción que sigue vigente en el país. Hasta 2022, la BNN registraba más de 500 extranjeros condenados por delitos de drogas, varios de ellos procedentes de América Latina.
La prisión preventiva de 18 meses aplicada en este caso se sustenta en el artículo 268 del Código Procesal Penal peruano, que permite esta medida cuando existe peligro de fuga y gravedad de la pena.
El Ministerio Público recuerda que el delito de tráfico ilícito de drogas agravado contempla penas de 15 a 25 años de cárcel, además de multas y decomiso de bienes, incluso si el destino final del estupefaciente se encontraba fuera del país.
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