Van 227 muertos por derrumbe en mina controlada por el M23 en el este del Congo

Al menos 227 personas murieron tras el derrumbe de una mina de coltán en la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), una de las zonas mineras más estratégicas del mundo y actualmente bajo control del grupo rebelde AFC/M23, según autoridades locales y fuentes consultadas este viernes.

El colapso ocurrió el miércoles, en plena temporada de lluvias, cuando parte de una colina se desprendió y sepultó a decenas de mineros artesanales, así como a mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Un segundo deslizamiento se registró el jueves por la mañana, lo que complicó las labores de rescate y elevó el número de víctimas.

Un saldo que sigue en aumento

Más de 200 personas fueron víctimas de este deslizamiento de tierra. Algunas lograron ser rescatadas, pero presentan heridas graves”, declaró a Reuters un portavoz del gobernador de Kivu del Norte designado por el M23. De acuerdo con esa fuente, al menos 20 heridos reciben atención médica en centros de salud de la zona. Un asesor del gobernador confirmó que el número de fallecidos verificados asciende a 227, aunque habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones públicas.

Rubaya produce entre el 15% y el 30% del coltán mundial, mineral del que se obtiene tantalio, un metal altamente resistente al calor y clave para la fabricación de teléfonos móviles, computadoras, componentes aeroespaciales y turbinas de gas. El yacimiento, ubicado a unos 70 kilómetros al oeste de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, es explotado en su mayoría por mineros artesanales que trabajan de forma manual a cambio de ingresos de subsistencia.

Trabajo precario en condiciones extremas

Llovió, el terreno cedió y se llevó a la gente. Algunos quedaron sepultados y otros siguen atrapados en los socavones”, relató a la AFP Franck Bolingo, uno de los mineros presentes en el lugar.

Imágenes captadas el viernes mostraban a decenas de trabajadores continuando la extracción en las laderas del vasto yacimiento, armados únicamente con palas, pese al riesgo evidente. Hombres y mujeres, muchos con botas de goma y camisetas sin mangas, cargaban sacos pesados de mineral sobre sus cabezas, en un paisaje marcado por la precariedad y la ausencia de medidas básicas de seguridad.

El este de la RDC, afectado por conflictos armados desde hace más de tres décadas, concentra entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán. Según expertos de Naciones Unidas, el M23 ha establecido en Rubaya una administración paralela “similar a la de un Estado”, con estructuras que regulan la explotación minera y generan ingresos para financiar su insurgencia, acusaciones que el grupo rebelde y el gobierno de la vecina Ruanda —señalada como su principal respaldo— han negado.

Minería, conflicto y financiación armada

De acuerdo con el más reciente informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo al Consejo de Seguridad (S/2024/432), Rubaya es uno de los principales focos de financiación del M23, debido al control directo de la cadena de producción y comercialización del coltán. El documento estima ingresos de hasta 800 mil dólares mensuales derivados de impuestos ilegales y peajes mineros impuestos por el grupo armado.

El mismo informe señala que más del 70% de la explotación minera en Kivu del Norte se realiza de forma artesanal, sin supervisión técnica ni normas de seguridad, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de derrumbes, especialmente durante la temporada de lluvias, que en la región suele extenderse de septiembre a mayo.

Según datos del Banco Mundial correspondientes a 2023, la minería artesanal en la RDC emplea a entre 1.5 y 2 millones de personas, incluidos menores de edad, y está asociada de forma recurrente a accidentes mortales, desplazamientos forzados y degradación ambiental, particularmente en zonas donde el Estado carece de control efectivo.

Los rebeldes del M23, cuyo objetivo declarado es derrocar al gobierno de Kinshasa y garantizar la seguridad de la minoría tutsi congoleña, ampliaron en 2025 su control sobre amplias zonas ricas en minerales del este del país, en medio de una crisis humanitaria persistente y una presencia estatal debilitada.

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