Corte comercial de Estados Unidos frena arancel del 10% impuesto por Trump
El Tribunal de Comercio Internacional consideró que el gobierno no justificó legalmente el arancel global temporal
Un tribunal de comercio de Estados Unidos falló en contra del arancel global del 10 por ciento impuesto por el gobierno de Donald Trump, al considerar que su aplicación no se justificaba en virtud de una ley de la década de 1970 invocada para su implementación.
Trump impuso el gravamen temporal en febrero después de que la Corte Suprema anulara una parte importante de sus nuevos aranceles.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló dos a uno en contra del arancel global, y su decisión aplica a las partes que demandaron a la administración de Trump.
Según el gobierno, la tarifa del 10 por ciento tenía como objetivo enfrentar los déficits en la balanza de pagos.
El gravamen estará vigente hasta finales de julio, salvo que el Congreso lo prorrogue, mientras la Casa Blanca busca mecanismos más duraderos para reconstruir su agenda comercial.
Para tal fin, las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones sobre decenas de socios comerciales por preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado y el exceso de capacidad, lo que podría derivar en nuevos aranceles.
El Tribunal de Comercio Internacional ordenó el jueves a los demandados implementar su fallo en un plazo de cinco días, así como dispuso desembolsos a los importadores que presentaron la demanda.
Si bien la sentencia, que puede ser apelada, se limita por el momento a los demandantes, sienta un precedente jurídico que permite a otras empresas impugnar también los recargos.
Los aranceles sectoriales de Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles no se ven afectados por la decisión que tomó atrás la Corte Suprema.
La guerra comercial vuelve al centro
Los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump forman parte de una estrategia económica que busca reducir el déficit comercial estadounidense y fortalecer la industria nacional mediante mayores barreras a las importaciones.
Trump ha defendido que los gravámenes sirven para incentivar la producción interna y presionar a otros países a renegociar condiciones comerciales más favorables para Washington.
La ofensiva arancelaria de 2026 también responde a una visión política más amplia de “seguridad económica”, donde la dependencia industrial de rivales estratégicos es considerada un riesgo nacional.
Bajo ese argumento, el gobierno estadunidense abrió investigaciones sobre cadenas de suministro vinculadas con trabajo forzado, subsidios estatales y sobreproducción industrial, particularmente en sectores chinos como vehículos eléctricos, paneles solares y baterías.
Analistas advierten que estas medidas podrían profundizar tensiones comerciales globales y generar represalias de otros socios económicos.
El fallo del Tribunal de Comercio Internacional representa así un obstáculo relevante para la agenda comercial de Trump, aunque no elimina por completo su capacidad de imponer aranceles sectoriales. Expertos jurídicos señalan que la disputa refleja un debate más amplio sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial para intervenir en comercio exterior sin aprobación explícita del Congreso.
Empresarios e importadores temen que la incertidumbre legal y los nuevos costos terminen trasladándose a consumidores estadounidenses mediante precios más altos y presión inflacionaria.
Con información de AFP.