La venta de BanFeliz a Grupo Klu está bajo escrutinio por quebranto en Préstamo Feliz

La empresa mexicana Happy Inc. pretende vender BanFeliz, pese a que sus socios son responsables del fraude y quebranto patrimonial de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Préstamo Feliz.  

Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) evalúa el interés de Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, cuyo padre fue detenido en Chicago en 2016 por presunto fraude y lavado.

De acuerdo con reportes, ambas instituciones habrían acordado el fondeo del banco con recursos provenientes de Klu, avalados por el consejo de BanFeliz, a pesar de que ello va en contra de la regulación vigente.

En el caso Préstamo Feliz hay denuncias penales y carpetas judicializadas, así como personas detenidas con prisión preventiva y un concurso mercantil. También, exhortos legislativos y procedimientos abiertos en Estados Unidos.

Sobre la mesa está la posibilidad de que BanFeliz —la institución bancaria vinculada al mismo universo empresarial— cambie de manos, pero miles de familias afectadas aún no saben cómo van a recuperar su dinero.

Préstamo Feliz: 11 denuncias en Nuevo León y reclamos por 2 mil 500 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha reportado al menos 11 denuncias relacionadas con Préstamos Felices en 15 minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. —conocida como Préstamo Feliz—, mientras dos carpetas judicializadas concentran reclamos cercanos a los 2 mil 500 millones de pesos.

El asunto cobró relevancia cuando se revelaron procedimientos abiertos en Estados Unidos, relacionados con financiamientos otorgados a la empresa y a sociedades vinculadas.

Una parte de los acreedores permanece dentro de un concurso mercantil promovido por los fondos offshore CRC Capital Release Fund III y CRC Single Investor Fund VI.

Sin embargo, el concurso mercantil no garantiza por sí mismo que todos recuperarán la totalidad de sus recursos, ya que su función es ordenar obligaciones, reconocer acreedores y preservar activos.

Así, cuando los recursos disponibles resultan insuficientes, alguien absorbe las pérdidas. Puede ser el inversionista, el pensionado que colocó una liquidación o la familia que confió sus ahorros.

Dos Congresos preguntan por BanFeliz: exhortos de Nuevo León y del Senado

El caso pasó de ser un asunto de fiscales y jueces a llegar al ámbito legislativo. Primero fue el Congreso de Nuevo León, con un punto de acuerdo presentado por el diputado morenista Mario Alejandro Soto Esquer, que exhortó a la Fiscalía estatal, a la CONDUSEF y a la CNBV a intervenir. Después en el Senado de la República, con un exhorto de Carlos Humberto Suárez Flores, que pidió a la CONDUSEF informar sobre las reclamaciones recibidas y las medidas adoptadas para proteger a los usuarios. También se solicitó a la CNBV informar sobre las acciones de inspección y vigilancia realizadas o en curso.

Asimismo, el Senado exigió que la CNBV revise la capacidad financiera, la solvencia, la experiencia, la integridad, la honorabilidad y la idoneidad de quienes busquen asumir directa o indirectamente el control de BanFeliz, además del origen lícito de los recursos destinados a una eventual operación. La redacción resulta particularmente fuerte para un exhorto legislativo y refleja el nivel que ha alcanzado la preocupación política.

Grupo Klu, encabezado por Alberto Djemal, aparece como interesado en comprar BanFeliz

BanFeliz, S.A.P.I. de C.V. surgió de la adquisición de Banco Forjadores al grupo peruano ACP en 2024 y tiene un vínculo con el Grupo Financiero Happy Inc., dueño también de Préstamo Feliz.

Es decir, tienen a los mismos accionistas, pese a que ya no está Fernando García Sada, hoy en prisión preventiva domiciliaria. El exdirector general de la SOFOM, Sergio Jesús Elizondo Torres, se mantiene como accionista en ambas organizaciones, sin contar a otros consejeros y accionistas menores.

En ese contexto, Grupo Klu comenzó a reunir inversionistas para explorar la compra de BanFeliz. Fuentes financieras consultadas señalan que la autoridad ya conoce el interés del grupo y la aprobación de la operación estaría muy avanzada.

Información obtenida apunta a que dentro del sector prevalece la percepción de que Carlos Djemal, padre de Alberto, mantendría influencia alrededor de la transacción, lo que marcaría su eventual regreso al sistema bancario mexicano.

El antecedente es que Carlos Djemal fue exaccionista de InvestaBank, institución surgida en 2014 tras la adquisición de las operaciones de Royal Bank of Scotland en México.

En noviembre de 2016 fue detenido en Chicago y acusado en una corte federal de Manhattan por presuntamente participar en una red de fraude y lavado de dinero relacionada con devoluciones ilegales de IVA, por más de 100 millones de dólares.

La CNBV y Hacienda optaron entonces por mantener vigente la licencia bancaria mientras la institución se reconfiguraba. El banco quedó después en manos de Moisés Cosío y operó como Accendo Banco. La autoridad terminó por revocar esa licencia en septiembre de 2021 por incumplimientos regulatorios y problemas de capitalización.

Vender BanFeliz no puede borrar las deudas del grupo: quién cobraría la operación

Si BanFeliz tiene un valor económico y sus actuales accionistas venden sus participaciones, ¿quiénes recibirían el producto de esa operación?, ¿pueden esos recursos tener alguna relación jurídica con las reclamaciones de los acreedores de Préstamo Feliz?

Las respuestas dependen de hechos corporativos, contratos, estructuras accionariales, operaciones entre partes relacionadas y resoluciones judiciales que deben conocerse antes de sacar conclusiones.

Si bien nadie puede afirmar sin pruebas que una eventual venta de BanFeliz pretenda ocultar activos, tampoco puede asumirse automáticamente que la operación carece de consecuencias para los intereses de los acreedores.

Por ello, el exhorto del Senado pide a la CNBV dar seguimiento a cualquier operación corporativa o modificación accionaria que pudiera afectar los derechos de acreedores, inversionistas o usuarios, y prevenir que operaciones empresariales puedan utilizarse para ocultar, transferir, disponer o sustraer activos en perjuicio de quienes tengan derechos reconocidos.

No basta con conocer el nombre de la empresa interesada. Hay que saber quién está detrás del capital, quiénes participarían como inversionistas, cuánto aportaría cada uno, de dónde provendrían los recursos y cuál sería la estructura final de control.

El caso exige además conocer el estatus corporativa de BanFeliz antes de cualquier operación: accionistas, porcentajes de participación y cualquier operación relevante con partes relacionadas. Sobre todo ante las versiones que señalan que hay accionistas y consejeros que se repiten de un lado y del otro de los participantes en la transacción.

Como ejemplo, el consejo de administración de BanFeliz que era presidido por Fernando García Sada, pasó a manos de Alfonso J. González Cárdenas y hace unas semanas se designó a Enrique Barrera Betancourt, un esquema corporativo que le permite a García Sada mantener el control a pesar de desvincularse formalmente del banco.

De esta manera se mantiene el fondeo del banco de manera poco clara, se presume que a través de la triangulación de fondos utilizando una institución de fondos de pago electrónico (IFPE) que pertenece a Grupo Klu, sin mencionar que solo el uso de fondos de este tipo de instituciones va en contra de la regulación aplicable.

El silencio de la CNBV: preguntas que llevan semanas sin respuesta

Las preguntas que hoy circulan en el Congreso, en los medios y entre acreedores son concretas. ¿Existe formalmente una solicitud para adquirir BanFeliz? ¿Quién pretende comprarlo? ¿Quiénes participarían como inversionistas? ¿De dónde provendrían los recursos? ¿Qué relación existe entre los accionistas y consejeros de ambas organizaciones? ¿Puede una eventual operación afectar directa o indirectamente la recuperación de recursos reclamados por acreedores de otras sociedades vinculadas?

Esto no significa que la CNBV prejuzgue, revele información legalmente reservada o bloquee una operación por presión política, sino que explique públicamente lo que legalmente pueda explicar. Es decir: si existe una solicitud formal de cambio de control, que explique los mecanismos regulatorios aplicables, que establezca si el caso Préstamo Feliz tiene alguna incidencia jurídica o patrimonial sobre BanFeliz, o si se trata de patrimonios completamente separados.

Lo anterior, porque cuando una institución bancaria puede cambiar de dueño mientras existen reclamaciones multimillonarias alrededor de empresas vinculadas con integrantes de su estructura empresarial, la transparencia adquiere una relevancia que trasciende cualquier operación privada.

Primero deberían venir las respuestas. Después, los negocios

El expediente Préstamo Feliz–BanFeliz tiene fiscales, jueces, legisladores y reguladores. También tiene una posible operación bancaria. Pero no está claro lo que pasará con el dinero de los afectados.

Mientras no pueda explicarse qué activos respaldan las obligaciones, qué patrimonio permanece disponible y cuánto podrán recuperar los acreedores, cualquier solución corporativa será insuficiente.

El problema no aparece cuando una institución bancaria cambia de dueño, ya que eso forma parte de la actividad empresarial. El problema es el contexto en el que podría realizarse esa operación: reclamaciones multimillonarias, denuncias penales en dos países, un concurso mercantil abierto y un antecedente regulatorio —InvestaBank y su desenlace en Accendo— que el sector financiero recuerda con precisión.

La CNBV está frente a un asunto observado por acreedores, legisladores, inversionistas y usuarios del sistema financiero. No basta con supervisar: hay que explicar porque una cosa es cambiar de accionistas y otra es cerrar una operación mientras miles de acreedores todavía esperan conocer cómo recuperarán su dinero y además que las manos a las que se pasa una institución bancaria tengan también antecedentes cuestionables.