Cultura impulsa reforma a ley de autor para frenar abusos en la industria artística

Para proteger a los artistas mexicanos y que las empresas extranjeras les paguen a tiempo, no les impongan cláusulas de exclusividad ni haya opacidad fiscal, la Secretaría de Cultura está promoviendo una reforma a los artículos 74 y 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Esta medida surge para corregir una problemática estructural que ha permitido que empresas globales utilicen a México como un paraíso de desregulación laboral y patrimonial”, dio a conocer la dependencia.

Y planteó que el objetivo central de la reforma es que “el crecimiento de la industria audiovisual no puede ocurrir a expensas de los derechos de sus creadores. La reforma representa un avance necesario para promover una industria más justa, transparente y competitiva a nivel internacional”.

Se trata de una modernización del marco legal mexicano, pues el esquema de contratación actual en México presenta desequilibrios que atentan contra la libertad de trabajo y la justa remuneración.

Y es que, de acuerdo con el Colectivo de Agencias MX (AMRET MX), el gremio enfrenta condiciones que no serían permitidas en mercados como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea.

Pues existe la explotación de imagen sin pago. Se trata de una práctica extendida para que el uso comercial de la imagen del actor ocurra de inmediato, pero el actor recibe su pago hasta un año después de dicha explotación.

También son muy comunes los contratos de "amarre", en los que se imponen cláusulas de exclusividad no pagadas que impiden al talento trabajar en otros proyectos por periodos de hasta tres años, aun cuando el pago por uso de imagen cubra solo seis meses.

Además, se da la inestabilidad y opacidad fiscal, cuando las productoras suelen exigir créditos de 90 a 180 días a las agencias de representación, además de realizar pagos en efectivo o divisas sin la debida trazabilidad fiscal, lo que genera un problema de recaudación para el país.

Y ocurre el turismo laboral, que consiste en que numerosas empresas extranjeras trasladan sus operaciones a México no solo por costos, sino por la falta de leyes que protejan jornadas laborales y el uso de la imagen de los intérpretes.

Al respecto, la Secretaría de Cultura dio a conocer que “a pesar de las intensas presiones de corporativos extranjeros que se benefician de este vacío legal, la Secretaría de Cultura ha mantenido firme la postura de proteger a los trabajadores que terminan financiando indirectamente a grandes marcas con su tiempo y dinero”.

Además, la Secretaría de Economía ha validado que el proyecto cumple estrictamente con el marco del T-MEC y “esta revisión técnica desmiente las versiones de algunos líderes de opinión que, de manera imprecisa, han tratado de proyectar un conflicto comercial inexistente”, dio a conocer la Secretaría de Cultura.

La propuesta de reforma establece beneficios claros que profesionalizarán la industria, entre los que están la garantía de compensación oportuna: el pago debe realizarse antes de la primera comunicación pública de la obra, evitando fraudes y abusos comerciales.

Así como la certeza jurídica, mediante la que se eliminan ambigüedades sobre el momento de la remuneración, reduciendo la necesidad de litigios costosos.

Los límites a la temporalidad, en los que la duración de los derechos de uso quedará estrictamente delimitada al periodo contratado, terminando con las vigencias indefinidas impuestas.

Con este impulso, el Gobierno de México reafirma que el crecimiento de la industria audiovisual no puede ocurrir a expensas de los derechos de sus creadores. La reforma representa un avance necesario para promover una industria más justa, transparente y competitiva a nivel internacional”, detalló la Secretaría de Cultura.

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