PVEM urge a legislar en materia de ciberseguridad
La propuesta, añadió, busca fortalecer la respuesta legal ante los métodos cada vez más sofisticados utilizados por los delincuentes, como el phising, vishing y smishing.

El Partido Verde urgió a robustecer la legislación en materia de ciberseguridad, ante el incremento en los delitos de robo de identidad cometidos a través de las herramientas de inteligencia artificial, que según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre 2022 y 2023 aumentó en 218% el número de reportes.
Desde la Cámara de Diputados, el Partido Verde presentó una iniciativa para reformar el artículo 387 del Código Penal Federal, a fin de imponer sanciones más severas para los responsables de la suplantación de identidad, el engaño y la utilización de información confidencial con el objetivo de cometer fraudes financieros.
María del Carmen Pinete Vargas, diputada federa del Partido Verde y autora de la iniciativa, explicó que las sanciones propuestas abarcan desde tres días hasta 12 años de prisión, así como multas que varían según lo defraudado; de igual maneraplantea que las penas actuales para el delito de fraude se apliquen también a estas conductas relacionadas con ilícitos económicos o financieros.
Pinete Vargas resaltó que los delitos económicos y financieros engloban diversas conductas fraudulentas que buscan obtener beneficios ilegales, en perjuicio de los intereses de terceros, como el fraude financiero, evasión de impuestos, lavado de dinero, malversación de fondos, corrupción, robo de identidad y manipulación del mercado.
Destacó la creciente utilización de tecnologías de la información en la comisión de estos delitos, con lo cual se complica su identificación oportuna.
En 2021, recordó, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reportó un alarmante aumento del 52% en las reclamaciones por robo de identidad para cometer fraudes.
La diputada federal consideró que es esencial contar con un marco jurídico efectivo, así como con controles internos y herramientas tecnológicas para inhibir y sancionar estas conductas, que afectan directamente las finanzas de los ciudadanos y del Estado.
La propuesta, añadió, busca fortalecer la respuesta legal ante los métodos cada vez más sofisticados utilizados por los delincuentes, como el phising, vishing y smishing.
*LDH*
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