Prohibir pago con efectivo en Uber viola derechos de discapacitados

Prohibir pago con efectivo en Uber viola los derechos de personas con discapacidad — En México, el 56% de la población vive en exclusión financiera; el porcentaje es mayor en personas con discapacidad. / Foto: Cuartoscuro/Archivo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El 1 de noviembre pasado, la empresa de transporte privado Uber anunció que sus choferes ya aceptarían pagos "en cash" por parte de los usuarios, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es ilegal prohibir el pago del servicio con dinero en efectivo.

Sin embargo, el cambio en el modo de pago, largamente esperado por los clientes de la aplicación, se topó con el gobierno de la Ciudad de México apenas un día después, cuando la Secretaría de Movilidad capitalina informó no permitiría que los choferes de Uber recibieran pagos en monedas y billetes.

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Según las autoridades de la capital, la ley hace una distinción clara entre los taxis y los servicios de chofer mediante aplicaciones móviles: los primeros cobran con efectivo y los segundos con transferencias electrónicas. En caso de no hacer caso a la prohibición, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) podría establecer los "procesos administrativos y operativos que considere necesarios" para garantizar el apego a la ley local.

La prohibición ha caído mal entre organismos defensores de derechos humanos, especialmente en la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha llamado a permitir el pago con efectivo para proteger los derechos de personas con discapacidad.

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El organismo internacional aseguró que la prohibición tiene un "impacto desproporcionado" en personas con movilidad restringida —como quienes usan sillas de ruedas— o con alguna discapacidad cognitiva —algún síndrome o condición mental—, pues las personas con discapacidad sufren una mayor exclusión financiera, lo que choca con su derecho a vivir en forma independiente

En los hechos, la dificultad de acceder al sistema financiero supone una discriminación contra las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, al contar con mayores dificultades para tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito, quedan confinadas al pago en efectivo para acceder a cualquier servicio público o privado", señaló la ONU en un mandato enviado al gobierno de México.

Estas medidas sólo ayudan a acrecentar las brechas económicas y sociales que ya existen. A este problema es necesario sumarle otra dificultad: los escasos medios de transporte que han sido adaptados a las necesidades de las personas con distintas discapacidades", continuó el organismo internacional. "De esta manera se afecta el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, asegurando la accesibilidad en el transporte, tal como señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9".

En México, alrededor del 56 por ciento de las personas en carecen de acceso a los servicios financieros. No existen datos precisos sobre la exclusión financiera de las personas con discapacidad, pero se cree que es muy superior a la media nacional.