Trece años de calvario: Notarios y jueces obstruyen recuperación de inmuebles de la familia Aguilar
El “extravío” del expediente en un juzgado permitió a los invasores de los locales de la familia Aguilar tramitar escrituras apócrifas con un notario, actualmente detenido
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseveró el lunes pasado que en su administración no habrá tolerancia para notarios ni jueces que se coludan con despojadores y aseguró que atenderá a quienes hayan enfrentado este tipo de corrupción.
Eso fue lo que le pasó a la familia Aguilar: hace 13 años les invadieron dos locales comerciales en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, y en el Juzgado 67 de lo Civil de la Ciudad de México, el expediente estuvo extraviado durante cinco años, tiempo que los despojadores aprovecharon para sacar escrituras falsas y vender los locales.
Nosotros pedimos que buscaran el expediente, indagamos por aquí y por allá… hasta que nos fuimos enterando de que la secretaria del juez Eustorgio Marín Bartolomé tenía ‘resguardado’ el expediente (...) casualmente los invasores aprovecharon ese tiempo para ir a Tizayuca, Hidalgo, a sacar escrituras falsas con la ayuda del notario número 6, Octavio Eduardo Soto Hernández”, afirmó Lorena Aguilar.
Detalló que las escrituras que los despojadores tramitaron en 2020 “son totalmente falsas, ya que se hicieron con documentos apócrifos, con una IFE de mi padre cuando ya no existía el IFE y mi padre ya tenía su INE, y con adeudo de agua y de predial de varios años”.
Y dio a conocer que el notario Soto Hernández obtuvo su título de abogado hasta 2022 y actualmente está detenido por usurpación de profesión, entre otros delitos.
Ante estas circunstancias Lorena promovió en el juzgado 32 de lo civil que en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, se realice una notación preventiva “para que si una persona quiere comprar ese inmueble, si pide una constancia se dé cuenta de que el inmueble está en litigio, y de esa forma evitar fraudes”.
Pero esa notación preventiva se lleva a cabo, siempre y cuando la persona que promueva la demanda otorgue una fianza. “A nosotros nos pidieron una fianza de 10% del valor —de los locales comerciales—, la cual resulta muy elevada”, detalló Lorena, quien decidió impugnar.
“Lo único que pido —a las autoridades— es aplicar la ley y ponerles un alto a los delincuentes. Esa propiedad no es de ellos, pero el sistema les ha permitido estar ahí 13 años”, expresó.