Deudores alimentarios y agresores sexuales serían impedidos de ocupar cargos públicos en CDMX
La medida busca fortalecer la integridad del servicio público y garantizar que quienes ejerzan funciones de gobierno cumplan con estándares mínimos de conducta ética.
En el Congreso de la Ciudad de México se busca que quienes sean deudores alimentarios o personas condenadas por delitos de carácter sexual, violencia de género o violencia intrafamiliar no puedan desempeñarse como servidores públicos.
Ello, de acuerdo con una iniciativa del diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, con la que se pretende reformar el Apartado A del artículo 7 de la Constitución Política capitalina.
La propuesta fue presentada durante la sesión virtual de la Comisión Permanente y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como a la de Administración Pública Local, donde será analizada y dictaminada.
La reforma plantea ampliar los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a ocupar cargos públicos.
De aprobarse, quienes busquen un puesto de elección popular, encabezar un organismo autónomo o desempeñarse en cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como en alcaldías y organismos autónomos, deberán acreditar que no son deudores alimentarios y que no cuentan con una sentencia firme por delitos sexuales, violencia de género o violencia familiar.
La iniciativa de Martínez Urincho argumenta que la medida busca fortalecer la integridad del servicio público y garantizar que quienes ejerzan funciones de gobierno cumplan con estándares mínimos de conducta ética. Señala que los servidores públicos deben actuar bajo principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y equidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
También incorpora una perspectiva de género y de protección a las infancias, al considerar que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias representa una forma de violencia económica que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Como parte de la exposición de motivos, el documento cita cifras del INEGI y de organizaciones civiles que indican que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan solas el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de sus exparejas.
En materia de violencia de género, la iniciativa sostiene que las mujeres concentran la mayor incidencia en delitos relacionados con violencia familiar, agresiones sexuales y violencia de género. Añade que por cada delito sexual cometido contra un hombre se registran ocho contra mujeres, mientras que la tasa de incidencia alcanza los cuatro mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, frente a 546 por cada 100 mil hombres.
Respecto a la violencia familiar, el proyecto señala que cada año se abren entre 270 mil y 285 mil carpetas de investigación por este delito en México, aunque advierte que la cifra negra es considerablemente mayor, de acuerdo con reportes de emergencias y encuestas de victimización del INEGI.
Finalmente, la iniciativa destaca que alrededor de ocho de cada diez víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas, y que el 49.7 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, mientras que el 34.7 por ciento ha sido víctima de violencia física, cifras que, según el promovente, justifican endurecer los requisitos para acceder al servicio público en la capital del país.