Congreso CDMX a favor de endurecer acciones contra redes de despojo

La creciente incidencia del delito de despojo en la Ciudad de México, el Congreso capitalino se pronunció por el endurecimiento de las acciones institucionales contra las redes que operan este ilícito y se planteó la necesidad de revisar el marco legal para dotar de mayores herramientas a las autoridades encargadas de investigarlo y sancionarlo.

Lizzette Salgado Viramontes, por el PAN, advirtió que, pese a las reformas aprobadas por el Congreso en noviembre de 2025 para combatir el despojo y a la instalación de un gabinete especializado por parte del Gobierno capitalino, los resultados siguen siendo limitados. “De 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos, de los cuales menos del dos por ciento han obtenido una resolución judicial”, señaló.

Salgado consideró que la cifra refleja una falla del Estado en una de sus responsabilidades fundamentales; “garantizar certeza jurídica y protección sobre el patrimonio de los ciudadanos”, dijo.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades de seguridad, gobierno y procuración de justicia para actuar con mayor contundencia contra este delito, proteger de manera efectiva a las víctimas e investigar a quienes facilitan estas prácticas, particularmente cuando se trata de servidores públicos o fedatarios involucrados en esquemas irregulares.

Al respecto, por Morena, el diputado Paulo García respaldó la necesidad de reforzar las acciones contra el despojo y enfatizó que las denuncias deben traducirse en resultados concretos.

Asimismo, pidió aplicar una política de “cero impunidad” contra funcionarios públicos, notarios o cualquier actor que participe o colabore con las denominadas redes del despojo.

En tanto, los legisladores de Acción Nacional, Mario Enrique Sánchez, y la morenista, Xóchitl Bravo, líder de su bancada, coincidieron en la   necesidad de incorporar a las alcaldías en una estrategia coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad y revisar a fondo el marco normativo vigente.

“Le tenemos que entrar todos”, sostuvo Sánchez Flores, al proponer que las comisiones legislativas de Seguridad y de Administración y Procuración de Justicia analicen posibles reformas para fortalecer las facultades de instituciones como la Fiscalía General de Justicia capitalina. “Las herramientas que hoy tienen ya vemos que no están funcionando”, afirmó.

Por su parte, Xóchitl Bravo llamó a que las alcaldías se conviertan en el primer nivel de atención para quienes denuncian este tipo de casos, al considerar necesario fortalecer la coordinación entre autoridades y representantes populares. “Hoy se tiene verificado que Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran este tipo de delitos, lo que no quiere decir que no ocurra en otras demarcaciones”, afirmó.

Asimismo, propuso que los 66 módulos de atención legislativa funcionen también como puntos de recepción y acompañamiento para personas afectadas por despojos.