Por Fadlala Akabani*
Durante la mayor parte del siglo XX, la agencia Immigration and Naturalization Services (hoy extinta) del Departamento de Justicia, que era reactivo a los reclamos sociales por la inmigración ilegal, especialmente la mexicana, tuvo periodos de deportaciones masivas como durante la Gran Depresión (1939-1949) y después de la Segunda Guerra Mundial, con la tristemente célebre Operación Wetback (1954), que empleó tácticas militares e incluso detuvo y deportó a ciudadanos estadunidenses de origen mexicano.
Tras el 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca aprovechó el ambiente de miedo e incertidumbre para impulsar una nueva agenda, de hipervigilancia masiva, a nombre del combate al terrorismo. Para tal efecto, mediante una Orden Ejecutiva firmada por George Bush en octubre de 2001, fue creado el Departamento de Seguridad Nacional, que concentró funciones de seguridad interior, control aduanero y migratorio, vigilancia fronteriza, ciberseguridad y respuesta ante desastres. Además de la prevención y respuesta ante el terrorismo, dentro y fuera de Estados Unidos.
Desde entonces, Estados Unidos cuenta con una fuerza policial de carácter federal para asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias en el interior del país y el control de aduanas, el Immigration and Customs Service, el repudiado ICE. De acuerdo con información de su portal oficial, ICE cuenta con un presupuesto anual de 8 mil millones de dólares, más de 20 mil agentes y personal de soporte en más de 400 oficinas en Estados Unidos y alrededor del mundo.
Enforcement and Removal Operations (ERO) es el brazo encargado de aplicar la ley migratoria y su gestión operativa como identificar, arrestar, trasladar, detener y deportar inmigrantes ilegales bajo una orden de expulsión. Sin embargo, este cuerpo de agentes aparece en sinfín de videos virales por su actuación violenta e ilegal, como las detenciones “erróneas” en redadas masivas.
Según el diario de investigación ProPublica, más de 170 ciudadanos estadunidenses fueron arrestados en 2025 con base en perfilamiento racial (apariencia latina), y tratados de forma violenta durante el arresto y la detención. Entre los abusos está el de impedir la comunicación de los detenidos con un abogado privado, pues en las cortes de inmigración no existe derecho a la defensa de oficio, haciéndolos enfrentar el proceso sin asesoría legal.
Migrantes detenidos han demandado a empresas privadas como GEO Group –principal contratista de ICE que opera centros de detención– por obligarlos a trabajar por 1 dólar al día o sin pago. Si bien la defensa de las empresas contratistas argumenta que la participación de los detenidos es en el marco del Programa de Trabajo Voluntario, las víctimas afirman haber actuado bajo amenazas de castigos como aislamiento o cargos penales en caso de negarse.
El patrón frecuente es que el trabajo realizado por los detenidos resulta de carácter esencial para el funcionamiento del centro de detención (limpiar baños, lavar ropa y preparar alimentos), lo que ha derivado en sentencias como la que obligó a GEO Group a pagar sueldos caídos por 17 millones de dólares, y también multas a Estados como Washington por cargos como enriquecimiento injusto y violar la ley estatal de salario mínimo.
La institucionalización del racismo en su más grave expresión está en encontrar la muerte a manos del ICE. El gobierno de México reclama diplomáticamente la muerte de 17 connacionales, calificando algunos casos como homicidios y por graves omisiones a los derechos humanos.