Un antes y un después para las mexicanas

Esta semana, el Congreso aprobó las leyes secundarias que darán vida a los principios de “equidad sustantiva” y “una vida libre de violencia” consagrados en la Constitución. Más allá de las formalidades legislativas, lo verdaderamente relevante es que estas iniciativas fueron presentadas por Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, y no por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. No es un matiz menor, por muchos motivos.

Las reformas no son sólo modificaciones de fondo, sino una declaración política que responde a demandas acumuladas por generaciones de mujeres. Ya no hablamos únicamente de igualdad formal, sino de igualdad real en oportunidades y resultados. Estas leyes colocan al Estado como garante de políticas públicas que atiendan las desigualdades estructurales que han impedido que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones en el trabajo, en la academia y en la política. Medidas como cuotas de género, presupuestos con perspectiva de género y mecanismos de rendición de cuentas son herramientas específicas que buscan equilibrar la balanza. Además, refuerzan y amplían la obligación del Estado para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas: familiar, laboral, institucional, política, digital y feminicida. Se establecen sanciones más claras y mecanismos de acompañamiento efectivo a las víctimas, evitando la revictimización y el abandono institucional, al tiempo que se obliga a fortalecer fiscalías y tribunales especializados, así como campañas de sensibilización y prevención.

Al estar amparadas en la Constitución, estas leyes tienen alcance nacional y una obligatoriedad incuestionable. Como me dijo Citlalli Hernández, secretaria de Las Mujeres, en entrevista para Ya Cierra en Imagen Radio: “El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento”. Ya no habrá espacio para excusas ni simulaciones: nadie quedará exento de la observación de estas leyes. El mensaje es claro, contundente e ineludible. Sin embargo, no podemos ser ingenuos. La resistencia institucional es uno de los retos más grandes: autoridades locales, jueces y servidores públicos aún carecen de la capacitación y voluntad para aplicar la perspectiva de género. Combatirlo requiere implementar procesos obligatorios de profesionalización y evaluación, así como garantizar que quienes incumplan enfrenten consecuencias claras. Pero la resistencia no sólo se encuentra en las instituciones. La violencia y la desigualdad están profundamente arraigadas en las prácticas cotidianas que van desde la educación familiar hasta los medios de comunicación y el ámbito laboral. Por ello, estas leyes deben ir acompañadas de campañas masivas de sensibilización que transformen mentalidades y coloquen los valores de respeto, equidad y corresponsabilidad en el centro de la educación y la vida pública. En el terreno económico, algunas voces argumentarán que garantizar la equidad sustantiva es un costo adicional para las empresas. La evidencia global demuestra lo contrario: países como Suecia o Canadá han comprobado que la participación femenina impulsa la innovación y el crecimiento económico. La equidad no es un costo, es una inversión. Lo mismo sucede con la impunidad y la revictimización. Si queremos que estas leyes sean efectivas, se deben fortalecer las fiscalías especializadas y asegurar recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia. La justicia debe ser rápida, accesible y sensible.

El hecho de que estas leyes sean impulsadas por Claudia Sheinbaum, en el contexto de su llegada al poder, tiene un simbolismo poderoso. No sólo porque vienen de una mujer, sino porque llegan con la legitimidad de una figura que representa la continuidad y el cambio al mismo tiempo. Tiene una oportunidad histórica: consolidar un legado en favor de las mujeres mexicanas. Estas leyes son apenas el primer paso de un camino largo y complejo, pero marcan un antes y un después. A partir de ahora, no habrá excusas para no actuar. Los gobiernos, las empresas, las escuelas, los medios y la sociedad en su conjunto tendrán que asumir su responsabilidad. Porque un México donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con justicia y en equidad no es un sueño utópico, es una deuda histórica que ya comenzó a saldarse. Y como bien me dijo anoche Citlalli Hernández: que nadie se equivoque, ya no hay vuelta atrás.