Ricardo Monreal acaba de hacer algo insólito en la política mexicana: defender un principio democrático porque es democrático, no porque le convenga (o tal vez sí, pero igual es un principio democrático). Este miércoles, el coordinador de Morena en San Lázaro confirmó que las diputaciones plurinominales se mantendrán “como están actualmente” —300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional— cerrando así semanas de especulación sobre su posible eliminación en la reforma electoral.
La declaración es relevante por partida doble. Primero, porque desmiente la narrativa que había coqueteado con suprimir estas figuras bajo el argumento de reducir costos. Segundo, porque Monreal articula su postura con un argumento que la academia lleva décadas defendiendo: “Debemos mantener la representación de las minorías en la Cámara, es inevitable, es la naturaleza política”. Tiene razón. Y no sólo porque suene bonito en un discurso, sino porque dos siglos de teoría y práctica democrática lo respaldan.
Cuando John Stuart Mill advertía en el siglo XIX sobre la “tiranía de la mayoría”, anticipaba un problema estructural de las democracias modernas: ¿cómo evitar que el principio mayoritario se convierta en un mecanismo de exclusión permanente? Su respuesta fue precursora: sistemas de representación proporcional que garantizaran que las minorías políticas tuvieran voz institucional. La representación proporcional no es un capricho de ingeniería electoral. Es, como sostiene Arend Lijphart, el mecanismo que permite traducir con mayor fidelidad la pluralidad social en representación política. Los países con los sistemas democráticos más consolidados —Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania— no son proporcionales por casualidad, sino porque este sistema inhibe la concentración de poder y obliga a la construcción de consensos.
Los pluris garantizan que millones de votos no sean irrelevantes. En un sistema puro de mayoría relativa, sólo importa ganar el distrito. Las pluris corrigen esta distorsión al asignar curules conforme al porcentaje real de votación. Además, permiten la entrada de actores políticos minoritarios que pueden convertirse en fuerzas mayoritarias. Morena es prueba de ello. Sin las pluris de la reforma de 1977, el PRD no habría tenido representación suficiente en los 90 y Morena habría tenido una transición institucional mucho más accidentada. Pero quizá lo más importante es su impacto en la calidad de la deliberación legislativa. Como señala la SCJN, la representación proporcional “garantiza el pluralismo político” y “evita los efectos extremos de la voluntad popular”. Cuando una fuerza política tiene 73% de las curules con apenas 43% de los votos —como habría ocurrido en 2018 sin pluris— el parlamento deja de ser un órgano deliberativo para convertirse en una notaría.
Aquí es donde Monreal se topa con el conflicto interno de su coalición. El PT y el Verde se oponen a su eliminación. El argumento es otro: a cualquier mayoría gobernante le estorban los contrapesos. Sheinbaum ha propuesto mantener las pluris, pero con “una nueva fórmula” que involucre “mayor participación ciudadana”. Es una propuesta intrigante. Si lo que busca es abrir listas podría fortalecer la legitimidad de estos legisladores. Pero si es un eufemismo para reducir su número o diluir su efectividad, es un retroceso democrático.
La representación proporcional no es perfecta, tiene sus distorsiones como cualquier sistema electoral. Pero en un país con la historia autoritaria de México, con una concentración de poder tan pronunciada (su debilidad por la “presidencia imperial” como la estudió Enrique Krauze), y con una oposición tan fragmentada, eliminarla sería un error estratégico, además de un retroceso normativo. Monreal acaba de poner sobre la mesa un recordatorio incómodo: la democracia no sólo se mide por quién gana las elecciones, sino por cómo se distribuye el poder después de ganarlas. Las pluris son el mecanismo que impide que una victoria electoral se convierta en un cheque en blanco.