*Por César Alejandro Ruiz Jiménez
La libertad de expresión es un pilar de toda democracia constitucional. Sin embargo, su reconocimiento no implica que toda opinión sea jurídicamente válida, científicamente sostenible o institucionalmente defendible. Opinar es libre; blindar una opinión frente al debate racional y convertirla en dogma es otra cosa.
Hoy, la arena pública ha sido ocupada por posiciones que carecen de sustento jurídico, fáctico e incluso lógico, y que, aun así, reclaman protección institucional. Paradójicamente, las voces que las cuestionan desde la evidencia, la razón o el derecho son señaladas, censuradas y acusadas de “discurso de odio” o de fobias clínicamente inexistentes. Con ello, el debate se anula y la posibilidad de alcanzar consensos o corregir errores se vuelve una quimera.
El progreso humano —científico, jurídico y social— existe porque las ideas pueden discutirse, contrastarse y, si no resisten el escrutinio, ser descartadas. Pero cuando una opinión se vuelve intocable deja de ser idea y se convierte en dogma. Y cuando el dogma se blinda jurídicamente, la libertad de expresión deja de ser un instrumento para buscar la verdad y se transforma en un mecanismo para imponer narrativas sin sustento.
Para sostener posiciones débiles se ha recurrido a un mecanismo particularmente peligroso: etiquetar como ofensiva o discriminatoria cualquier afirmación que contradiga el dogma impuesto, incluso cuando se trata de hechos verificables. Hoy se pretende silenciar afirmaciones como que una mujer trans no deja de ser biológicamente un hombre; que los niños no definen su sexualidad antes de la adolescencia; que el embrión está vivo y pertenece a la especie humana; que la violencia puede ser cometida por personas de ambos sexos o que las democracias deben respetar el voto popular. Estas afirmaciones no son insultos ni provocaciones: son descripciones de la realidad. Convertirlas en tabú no protege derechos; impide diseñar políticas públicas sensatas y verdaderamente protectoras.
El debate sobre las llamadas infancias trans lo ejemplifica con claridad. Se ha pretendido elevar a verdad institucional una hipótesis ideológica, pese a que la evidencia científica muestra que la identidad personal en la infancia es un proceso en desarrollo y altamente influenciable por el entorno. Intentar transformar esa hipótesis en política pública no es progreso: es renunciar al principio de evidencia y al interés superior del menor.
Algo similar ocurre cuando se presenta la violencia vicaria como una conducta exclusiva de los hombres. Excluir a la mujer como posible sujeto activo no sólo es empíricamente incorrecto, sino jurídicamente riesgoso. Desprotege a los menores, que también pueden ser instrumentalizados por sus madres con el único fin de dañar al otro progenitor. La ideología contamina el debido proceso y distorsiona la respuesta institucional frente a la violencia real. Nadie puede negar que los estudios de género visibilizaron esta forma de violencia; pero negar que muchas madres la cometen es invisibilizar a la víctima principal: las infancias.
En el ámbito constitucional, el fenómeno se repite cuando se sostiene que la sobrerrepresentación legislativa es un “derecho del partido gobernante”, y no lo que realmente es: un límite diseñado para proteger el pluralismo democrático y evitar la concentración del poder. Presentarla como una prerrogativa legítima del gobierno en turno no es una interpretación válida, sino una distorsión jurídica que vacía de contenido la representación política y antepone el interés del gobierno sobre la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
¿Y qué decir del aborto? La invisibilización de los niños no nacidos como seres humanos y de las madres como víctimas se ha vuelto cada vez más evidente. Ninguna postura favorable al aborto está dispuesta a iniciar el debate reconociendo un hecho biológico elemental: que el embrión está vivo y es un individuo de la familia humana.
Mientras tanto, la ficción del aborto como “derecho” impide atender los obstáculos reales que enfrentan miles de mujeres vulnerables, empujadas a lo que el Estado y cierto feminismo les presentan como única salida.
En todos estos casos, la censura no recae sobre la opinión infundada, sino sobre la razonable. La libertad de expresión está en riesgo no porque falten opiniones, sino porque las posiciones ideológicas que sólo sobreviven blindadas y sin escrutinio están logrando silenciar la razón, el derecho, la evidencia científica y la realidad misma. El caso del profesor irlandés Enoch Burke lo ejemplifica con claridad: fue sancionado no por causar un daño concreto, sino por expresar pacíficamente una convicción razonada sobre el sexo masculino de un estudiante, invocando su libertad de conciencia.
Aún más revelador es el caso de la doctora Rachel Levine, quien, en una audiencia oficial, prefirió callar antes que reconocer que los hombres no pueden embarazarse, pues ello contraviene la ideología y un sector que representa.
¿Cuántas opiniones más se quedan hoy en silencio por miedo al ataque de minorías organizadas que imponen dogmas e ideología bajo la amenaza del señalamiento público? Así mueren la libertad de expresión, la razón y el progreso. Muchos de los desafíos que hoy enfrenta nuestra sociedad derivan de la tergiversación de la libertad de expresión. La solución comienza por recuperar el equilibrio entre opinar y reflexionar. Este derecho no obliga a equiparar opiniones con hechos ni ideologías con ciencia; tampoco blinda ninguna postura del debate o del escrutinio público.
La libertad de expresión nos permite exponer nuestras ideas y someterlas a juicio, pero también nos exige aceptar cuando presentan fisuras y prescindir de aquellas que carecen de sustento. Eso no es censura; es defensa de la razón. Reconocerlo es la condición mínima del progreso.