El Mayo, culpable

La noticia de que Ismael El Mayo Zambada, histórico cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, ha decidido declararse culpable ante una Corte en Estados Unidos marca un antes y un después en la historia del narcotráfico y en la compleja relación de seguridad entre México y su vecino del norte. Esta decisión, esperada para la audiencia del 25 de agosto de 2025, se produce tras un acuerdo con el Departamento de Justicia estadunidense que excluye la pena de muerte, uno de los principales temores del veterano capo.

Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, entre otros. Aunque este acuerdo le libra de la pena capital, lo más probable es que enfrente cadena perpetua o una sentencia muy larga; aun así, podría aspirar a cierta reducción si colabora como testigo protegido, modelo que ya siguieron otros capos como Ovidio Guzmán. A sus 77 años y tras décadas evadiendo el alcance de la ley, la caída de El Mayo representa no sólo su final personal —con la renuncia a cualquier posibilidad de apelar el acuerdo o recobrar libertad en México—, sino también el cierre de una época del narco clásico. Zambada fue “entregado” a las autoridades estadunidenses tras ser presuntamente “secuestrado” por sus antiguos aliados en Sinaloa y llevado contra su voluntad al país vecino. Esto revela las profundas fracturas internas del cártel, especialmente la tensión entre viejas guardias y los nuevos liderazgos, como los hijos de El Chapo (Los Chapitos). Su sentencia y potencial colaboración aumentarán el riesgo para miembros actuales y exsocios del cártel. La desarticulación de líderes históricos puede derivar en mayores enfrentamientos y divisiones internas.

Para el gobierno estadunidense, la declaración de culpabilidad de Zambada representa una victoria en la lucha contra el tráfico internacional de drogas. La información que El Mayo pueda aportar como parte de un acuerdo de colaboración puede desenredar redes financieras, identificar rutas y, potencialmente, implicar actores de ambos lados de la frontera.

El gobierno mexicano, por su parte, tiene espacio para maniobrar estratégicamente ante esta situación. Primero, puede capitalizar la fragmentación del Cártel de Sinaloa para intensificar operativos quirúrgicos contra células debilitadas, aprovechando las divisiones internas para desmantelar estructuras criminales con menor resistencia y riesgo de violencia generalizada. La administración de Claudia Sheinbaum ha demostrado ya una capacidad de inteligencia operativa que podría explotar estas fisuras. Segundo, México tiene la oportunidad de posicionarse como actor proactivo en la cooperación bilateral, no como subordinado. La información que pudiera surgir del testimonio de Zambada sobre redes de corrupción transnacional podría servir para fortalecer las propias investigaciones mexicanas y demostrar que el combate a la corrupción es una prioridad genuina del Estado mexicano. En lugar de esperar pasivamente las revelaciones, la FGR podría adelantarse con sus propias investigaciones y procesos, mostrando autonomía judicial y voluntad política.

Es probable que Zambada opte por colaborar y convertirse en testigo protegido a cambio de beneficios penitenciarios y protección para su familia. Las posibles revelaciones sobre redes de corrupción binacional podrían afectar reputaciones en ambos países, pero también representan una oportunidad para una limpieza institucional necesaria. La reconfiguración del crimen organizado mexicano, acelerada por la reciente ola de extradiciones y la caída de capos emblemáticos, abre una ventana para que el Estado mexicano recupere territorios y fortalezca su presencia en zonas anteriormente controladas por el narco. La estrategia de “abrazos, no balazos” puede evolucionar hacia un modelo más sofisticado que combine prevención social con inteligencia operativa precisa.

En suma, la inminente declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada ante una Corte de Nueva York es el preludio de profundas transformaciones. Para México, representa tanto un desafío como una oportunidad histórica de redefinir su estrategia de seguridad y su relación con EU desde una posición de mayor fortaleza institucional. Lo que suceda en las próximas semanas podría definir no sólo el futuro de la lucha contra el narcotráfico, sino también la capacidad del Estado mexicano para convertir las crisis en oportunidades de consolidación democrática y fortalecimiento del Estado de derecho.