Hoy se cumple el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Oficina Oval. Doce meses que han transcurrido con la velocidad de un carrusel desbocado. Aquí estamos: con más de cien civiles muertos en aguas internacionales, una de las agencias humanitarias más importantes del mundo desmantelada y un bloqueo naval en el Caribe que evoca los peores fantasmas imperiales de hace un siglo. Eso por no hablar de los hombres y mujeres ultimados por ICE. Lo más perturbador no ha sido la previsibilidad de Trump, sino la velocidad con la que Estados Unidos abandonó cualquier pretensión de operar dentro de marcos institucionales reconocibles.
Empecemos por su “política antinarcóticos”. Desde septiembre, la Armada estadunidense ha destruido más de 30 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de, al menos, 105 personas muertas. No detenidas. Muertas. Sin proceso judicial, sin verificación de que transportaban drogas, y en varios casos con evidencia de que se “remató” a sobrevivientes. Expertos lo dicen sin ambigüedades: ejecuciones extrajudiciales y posibles crímenes de guerra.
Tras traer a todos los países en un hilo con su “guerra arancelaria”, Trump decidió ir más lejos en sus pretensiones de confrontación y declaró a los cárteles como “organizaciones terroristas” y anunció un “conflicto armado no internacional” para usar fuerza letal sin declaración de guerra del Congreso. “Vamos a matar a las personas que traigan drogas al país”, declaró en octubre. Y lo ha cumplido, aunque organizaciones de derechos humanos documentan que muchas víctimas podrían haber sido pescadores civiles. En la lógica de Trump, la sospecha es suficiente sentencia.
Este despliegue naval —el más grande en el Caribe en décadas— es también el preludio del bloqueo que Trump ordenó en diciembre contra petroleros venezolanos. Un bloqueo que la ONU califica de “ataque armado ilegal”. Trump exige que Venezuela “devuelva” petróleo, tierras y activos supuestamente “robados”. No es sutileza: quiere las reservas petroleras más grandes del planeta. Trump cerró la agencia que administraba 72 mil millones de dólares —menos de 1% del presupuesto federal— en ayuda humanitaria para más de 120 países. Elon Musk la llamó “organización criminal”. El resultado: en Somalia, la desnutrición infantil aguda se duplicó; en Ucrania, medios independientes cerraron; miles de organizaciones en América Latina perdieron todo su financiamiento. Y, claro, China aprovecha el vacío. Pero aparentemente es un precio aceptable por la “eficiencia” de Musk.
En el frente doméstico, Trump desató el ataque más sistemático al sistema migratorio que se recuerde. Terminó con CBP One, eliminó protecciones para DACA, canceló programas de reunificación familiar. Los videos de agentes enmascarados realizando arrestos violentos se volvieron rutinarios. En enero, un agente de ICE incluso mató a tiros a una ciudadana estadunidense en Minneapolis. Y está el Proyecto 2025, ese documento que Trump juró no conocer, pero que ha implementado meticulosamente.
Lo más aterrador no es ninguna acción aislada, sino la velocidad. Cada semana trae una nueva transgresión, un nuevo ataque a instituciones que se creían sólidas. Trump ha operado bajo la premisa de que las normas son sugerencias y que el Poder Ejecutivo no tiene límites si tienes voluntad de ignorar a quienes te piden detenerte. ¿Estamos bajo el agua? Tal vez. Pero no por accidente. Trump ha inundado el espacio público con tanta violencia institucional que resulta imposible procesar cada atropello antes de que llegue el siguiente. Es una estrategia. Y le ha funcionado. Hoy cumple un año. Faltan tres más. La pregunta ya no es qué tan hondo puede caer Estados Unidos, sino cuánto oxígeno le queda, a EU y al mundo.