Sr. Director:

El pasado 11 de septiembre se publicó en Excélsior el artículo “No olvidamos: Europa sigue teniendo presos políticos”, firmado por Raül Romeva y Bernat Solé, donde se vertían algunas afirmaciones a las que creo que es necesario responder para que puedan ser tenidas en cuenta por sus lectores.

Uno de los ejes de la argumentación de los autores, consignado en el propio título, es la existencia en España de “presos políticos”. Lo cierto es que ninguno de los líderes independentistas fue condenado por la defensa de la democracia, o de cualquier otra idea, sino por sus actuaciones contrarias a la ley. Durante un juicio sometido a plenas garantías procesales y de transparencia (la vista fue televisada en su integridad), el tribunal determinó que se habían cometido delitos.

La vulneración de las leyes para la consecución de fines políticos no forma parte de la defensa de la democracia. Los condenados, establece la sentencia del Tribunal Supremo, promovieron la promulgación de normas que conculcaban la vigencia de la Constitución española en Cataluña, privando a sus ciudadanos de los derechos garantizados por aquella. Desobedecieron, además, reiteradamente los mandatos del Tribunal Constitucional, en particular el que establecía la ilegalidad de la celebración de un referéndum, acción que conculcaba la soberanía nacional (atribuible al pueblo español en su conjunto) y comprometía la integridad territorial de la nación. La secesión no está permitida en la Constitución española; tampoco en la mexicana (“La Nación mexicana es una e indivisible”). Se valieron para ello de la malversación del dinero público. Profesar la ideología independentista no es delito en España y nadie es perseguido por ello. Los partidos que abogan por la independencia de Cataluña tienen representación parlamentaria en las Cortes Generales y en el Parlament catalán, e incluso gobiernan la Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a “dar la voz al pueblo”, se ha de notar que la sociedad catalana ha acudido a las urnas en repetidas ocasiones durante los últimos años, y es gracias a este sufragio que, cabe insistir, una coalición independentista gobierna hoy Cataluña. No es el voto lo que ha merecido la condena del tribunal, sino la vulneración reiterada de las leyes prevaliéndose de la posición que otorga el desempeño un cargo público.

Sorprende la crítica al “Estado” por “judicializar” el “conflicto”. Someter a un poder judicial independiente la posible determinación de la comisión de un delito es la mejor garantía que los Estados democráticos ofrecen para la protección de los derechos de sus ciudadanos. No corresponde al Gobierno de España ni al Gobierno autonómico de Cataluña declarar la inocencia o culpabilidad de nadie. Los propios encausados o condenados han acudido, en ejercicio de su derecho, a instancias judiciales españolas e internacionales cuando lo han estimado oportuno. El Gobierno de España ha respetado y respetará las decisiones de la justicia, sean o no favorables a sus pretensiones.

Los autores del artículo sostienen que un “ejemplo claro” de la judicialización que censuran es “la suspensión del tercer grado penitenciario a los presos”. “La propia fiscalía ha argumentado que los presos no saldrán de prisión si no reorientan su manera de pensar”. De nuevo tergiversan la realidad. A nadie se obliga en España a pensar de una manera determinada. Se condenan actos, no pensamientos. La aplicación de los grados penitenciarios que suavizan las penas está ligada en todos los ordenamientos jurídicos a la buena conducta y a la voluntad manifestada de no reincidir. La afirmación, repetida numerosas veces por los condenados, “ho tornarem à fer” revela un propósito de volver a cometer los actos por los que están en prisión.

De manera más general, los articulistas aseveran que “los derechos humanos siguen vulnerándose en el Estado español”. Que España es considerada una democracia avanzada en los diversos foros y organismos internacionales resulta una evidencia en la que no es necesario insistir. Sirva como ejemplo de evaluación independiente el último ranking elaborado por The Economist, que sitúa a España en el grupo de las 22 democracias plenas del mundo.

Como declaró en su día el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la actuación durante 2017 de los condenados ignoró los derechos de la mayoría no independentista de Cataluña y originó, con ello, una fractura de la convivencia en la sociedad catalana, por sí misma plural. Es el momento de cerrar heridas. El Gobierno de España ha declarado en múltiples ocasiones su voluntad de continuar el diálogo, dentro de la ley y con la vista puesta en la convivencia y la concordia, en Cataluña y en el resto de España.

Juan López-Dóriga

Embajador de España en México