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La secreta reforma fiscal de AMLO

Viridiana Ríos

Viridiana Ríos

Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante su campaña a no subir impuestos y a no hacer una reforma fiscal. Y lo cumplió.

La Ley de Ingresos 2019, aprobada por ambas cámaras esta semana, no tiene ni impuestos nuevos ni cambio alguno en las tributaciones. Se estiman ingresos tributarios ligeramente superiores a los realmente obtenidos en 2018 (23 mil millones de pesos aprobados de último momento), pero ello sólo se debe a que se hará un esfuerzo por reducir la evasión fiscal. Se dice que el mecanismo será dejar de regresar IVA a empresas fantasma.

Hasta ahí, todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador cumplió con su promesa de campaña de no aumentar impuestos, pero…. ¿en serio?

Un análisis detallado de los cambios presupuestales me parece que muestra lo contrario. Sí hubo reforma fiscal. Y una muy fuerte. Sólo que esta “reforma fiscal” no se hizo del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Me explico.

Cuando típicamente pensamos en una reforma fiscal tradicional, pensamos en un gobierno que incrementa sus demandas de recursos ante los contribuyentes. Es decir, les pide a los que tributan que paguen más impuestos.

Lo que Andrés Manuel hizo fue mucho más sutil. El Presidente no alzó los impuestos por la fuerza, pero sí logrará hacerlo jugando el juego de los incentivos. El nombre del juego planteado por su presupuesto 2019 se llama: si los gobiernos estatales quieren dar resultados, tienen que recaudar ellos mismos sus propios recursos. 

Superficialmente, el presupuesto 2019 parece ser benéfico para los estados. Las participaciones y aportaciones federales aumentaron en términos reales en 2019 comparadas con 2018.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador redujo en más del 60% el presupuesto del Ramo 23, y dejó sin recursos los fondos de fortalecimiento financiero y de proyectos regionales. Éste es un duro golpe a los gobernadores y es el corazón de lo que llamo la “reforma fiscal secreta”. Es decir, el cambio en incentivos de recaudación a nivel local. El Ramo 23 son los recursos que los gobernadores típicamente utilizaban para crear proyectos que les permitían pararse el cuello, o en caso de gobiernos muy precarios, incluso (aunque no debieran) les permitía saldar problemas coyunturales de gasto corriente.

La reducción del Ramo 23 crea incentivos muy fuertes e inmediatos para que los estados tengan que recaudar más si quieren satisfacer a sus votantes. Este cambio legislativo, mas no estrictamente fiscal, sacó del espacio de confort a los gobernadores, un espacio donde estaban acostumbrados a estirar la mano y recibir recursos.

La costumbre de estirar la mano era tan visiblemente distópica, que cada año se instalaba una carpa donde los representantes de los gobiernos locales pasaban a humillarse y pedir que les dieran dinero para proyectos. El nombre del juego planteado en los presupuestos anteriores se llamaba: si los gobiernos estatales quieren dar resultados, tienen que ser amigos del Presidente.

El impacto del recorte en el Ramo 23 ya se está cobrando frutos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se ha autoproclamado defensor de los intereses de Jalisco, y amenaza con endeudar al estado o “ir a México a exigir respeto”. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, también se queja de “malos tratos” e incluso ha dicho que podría comenzar a extrañar a Enrique Peña Nieto.

Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador tiene muy pocos incentivos para ceder ante los requerimientos de los gobernadores porque, a diferencia de sexenios anteriores, los superdelegados concentrarán mucho del poder de cooptación electoral a nivel local que antes tenían los gobernadores. Es decir, López Obrador puede prescindir un poco más (no totalmente) del favor de los gobernadores. 

En lo personal, pienso que el aumento en la recaudación local debe darse, pero, poco a poco, a fin de que los gobernadores puedan afinar las estructuras locales recaudatorias.

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