Dos lecciones de espionaje

Nunca supe si era mi paranoia o si realmente mi teléfono estuviera intervenido. Los signos, sin embargo, eran rarísimos. Ocasionalmente, contestaba mi teléfono y sonaba eco y ruidos digitales detrás. Había un espacio de silencio antes de que mis contrapartes me escucharan. Por las dudas, me comentó un experimentado congresista, “mejor considera que traes en la mano una grabadora”.

Yo no hice caso. Me taché de loca, me obligué a pensar que no pasaba nada y que, si pasaba, lo más seguro era que pronto dejarían de invertir un solo centavo en mí.

Nunca me imaginé que podría saber con certeza si yo, o alguno de los otros nueve miembros de la Comisión de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción estábamos siendo espiados.

Hoy sabemos que al menos uno de ellos lo fue.

The New York Times demostró en primera plana que Juan Pardinas, uno de los miembros de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, fue espiado por un software que sólo gobiernos pueden adquirir (y que fue adquirido desde 2011 por México), como también lo fue su esposa y parte de su equipo. Con certeza, sabemos que la muy competente Alexandra Zapata, investigadora en materia de educación y transparencia, lo fue también. No me sorprendería que otros directivos dentro de Imco, Transparencia Internacional, el CEEY, México Evalúa u otros organismos de la sociedad civil lo fueran también. 

Las consecuencias de este reportaje del New York Times son enormes.

Si se llegara a comprobar que el software con el que Juan Pardinas y otros activistas anticorrupción fueron espiados, verdaderamente provino del gobierno federal, tendríamos dos claros puntos.

Primero, esto significaría un escándalo similar al de Edward Snowden en 2013. Snowden demostró, junto con el periódico The Guardian y The Washington Post, que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos hacía justo lo que aparentemente pudiera estar realizando el gobierno mexicano: escuchar, grabar y mantener vigilancia sobre los ciudadanos de Estados Unidos.

El escándalo de Snowden no valió un Pulitzer, sino que condenó a Edward Snowden a una persecución que actualmente lo tiene viviendo en Rusia con asilo temporal. Si la historia continúa, no me sorprendería que Azam Ahmed y Nicole Perlroth, los periodistas que firman la nota, pudieran ganar el premio.

Segundo, esto nos daría evidencia contundente de que las prioridades del gobierno federal están patas pa’rriba.

Los enemigos del gobierno federal no somos nosotros, la sociedad civil y los periodistas que luchamos en contra de la corrupción. Nosotros somos los buenos. Los enemigos del estado son el crimen organizado que con millones de dólares pervierte a las instituciones.

Si se llegara a confirmar que el gobierno federal piensa que vale la pena usar los 80 millones de dólares que cuesta el software en investigarnos a nosotros, los activistas anticorrupción, el gobierno no sólo estará incurriendo en violaciones graves a los derechos humanos, sino también en una pérdida de recursos.

Al utilizar los recursos en perseguirnos, el gobierno estaría perdiendo la oportunidad de reducir la violencia que está alcanzando en 2017 niveles históricamente altos (ajustado por población).

Hoy, México tiene más homicidios de los que jamás había tenido, ni siquiera durante la guerra contra las drogas del sexenio anterior. En mayo de 2017 se contabilizaron, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos mil 186 homicidios. El dato es aterrador. El último mes más violento había sido en mayo de 2011, justo en el momento de más álgida violencia del periodo de Calderón.

Imagino que compraron el software en 2011 con la meta de espiar al narco. Hoy los niveles de violencia son mayores que en 2011. La diferencia: el software está rastreando a la sociedad civil, no sólo a los narcos.

Twitter: @Viri_Rios