El gobierno federal ha encontrado una estrategia para enfrentar sus problemas, reducirlos hasta que parezcan insignificantes. El “aquí no pasa nada” se aplica mientras quien se equivoque pertenezca al movimiento de la transformación. La gravedad de cualquier hecho ya no depende de lo ocurrido, sino de quién lo hizo o está involucrado. Cuando se trata de un adversario, cualquier sospecha amenaza a la patria, pero si es de los propios, no hay delito, no hay escándalo, todo está fríamente calculado.
Los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila filtrados por el periodista Héctor de Mauleón son un ejemplo. En las grabaciones, habla con intermediarios estadounidenses, ofrece información sobres mesas de seguridad y expresa preocupación por una posible extradición. La morenista reconoció que la voz era suya, que las grabaciones eran fidedignas y que las conversaciones existieron, pero en Palacio Nacional no se vio pecado e inmediatamente aplicó el Programa Nacional de Testigos, Militantes y Aliados Protegidos, en el que están inscritos, entre otros, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los hijos de Andrés Manuel López Obrador.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aportó una frase destinada a grabarse con letras de oro en los manuales de investigación criminal. Dijo que en los audios “no se infiere” un delito. La justicia entró en una nueva etapa sensorial en la que no se requieren carpetas ni diligencias. Basta con escuchar una grabación y sentir e intuir si el delito se infiere. Además, a juicio del gobierno, lo grave no fue que una gobernadora ofreciera información de las mesas de seguridad, sino que un periodista tuviera la osadía de difundir las grabaciones. El problema no fue el contenido, sino el volumen.
Y como al gobierno y a Morena les resulta cada vez más familiar el narcotráfico, no podían faltar las pifias de la Fiscalía General de la República. Durante casi dos años, se reclamó a Estados Unidos por no haber entregado información suficiente sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y por la violación a la soberanía que implicó sacarlo del país. El detalle es que México tuvo detenido al piloto que lo llevó, Mario Alberto Núñez Ojeda, El Jando, y lo entregó a Estados Unidos, así, en charola de plata. La versión oficial cambia conforme pasan los meses: primero sabían quién era, después resultó que no, y ahora concluyen que será necesario investigar qué fue exactamente lo que sabían.
Otro ejemplo fue cuando el Tren Interoceánico volvió a salirse de las vías. Desde Palacio Nacional se explicó que se había tratado de un incidente porque “más que un descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones”. Al parecer, un tren sólo puede considerarse descarrilado cuando abandona por completo los rieles, queda con las ruedas al cielo, presenta su renuncia al sistema ferroviario y reconoce públicamente que perdió el rumbo. Mientras conserve una rueda tocando el suelo, es sólo un incidente bebé.
En un comunicado, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que depende de la Secretaría de Marina, informó que no hubo lesionados y que la operación continuaba con normalidad, lo cual es cierto porque la normalidad del Tren Interoceánico es precisamente tener percances.
Ésa es la nueva política federal. No resolver problemas, sino reducirlos con una declaración; no investigar demasiado, sino utilizar el método Vilchis (al vil chilazo) para inferir si hay o no delito. El gobierno ha decidido que la mejor manera de rendir cuentas es bajarles el volumen a los hechos tratando de hacerlos inaudibles.