Mandibulín

La autoridad de una persona no se mide por lo que se dice, sino por lo que hace cumplir. El poder puede cometer errores, rectificar, incluso retroceder, lo que no puede permitirse es parecer débil o incapaz de ejecutar sus propias decisiones, porque en el momento que una orden se vuelve negociable, el daño reputacional no tarda en aparecer.

Esto viene a colación de lo que sucedió con Marx Arriaga. El funcionario removido de la SEP no fue sólo un hombre aferrado al escritorio, sino la representación de una desdibujada línea de mando. Durante días se parapetó con su equipo, transmitió en vivo por redes sociales, convocó a asambleas nocturnas y repartió acusaciones. El problema no sólo fue de Arriaga, fue la imagen que esta situación transmitió. Cuando un gobierno necesita más de cien horas para hacer efectiva la remoción de un director manda un mensaje involuntario que manda quien quiere, no quien debe.

Los cuestionamientos por supuesto no se hicieron esperar, si no pueden hacer cumplir un cambio administrativo, ¿cómo van a imponer el Estado de derecho?; si un burócrata les toma la medida, imaginen lo que hacen los cárteles; si no pueden cerrar una oficina ¿cómo van a cerrar las fronteras al tráfico de armas? Estos argumentos pueden parecer exagerados e injustos, pero en la política se juega el terreno de la percepción y lo que importa es la narrativa que se instala en un gobierno cuestionado.

Sobre todo cuando no es un caso aislado, sino parte de una cadena de rebeldías o cinismos que han exigido meses de negociación, ofrecimientos de nuevos cargos para evitar rupturas o simple administración del conflicto.

El caso de Adán Augusto López es ilustrativo. El senador desafió desde su curul todo intento de la Presidenta por restarle poder, quien además le pidió públicamente al tabasqueño que aclarara las acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La respuesta del exsecretario de gobernación fue encogerse de hombros. Su salida de la coordinación de Morena tardó meses en operarse, meses.

Se corre el riesgo de que al gobierno federal le dé el síndrome de Mandibulín, aquel tiburón de caricatura que, pese a los colmillos, nadie respetaba. Ahora ya no sólo cuestionan los adversarios, sino los de casa. Si la Presidenta sugiere eliminar a los plurinominales, el Partido Verde y el PT responden con un “gracias, pero no gracias”. Si se plantea evitar relevos familiares inmediatos en los cargos, el gobernador de San Luis Potosí acelera la promoción de su esposa, y en Zacatecas el hermano del mandatario local afina su sucesión. Si se pide frenar el proselitismo fuera de campaña, la senadora morenista Andrea Chávez demuestra que hay excepciones personalizadas. Si se presume un movimiento distinto, concentrado en gobernar para el pueblo sin frivolidades, aparece un Sergio Mayer cambiando la curul por los reflectores de La Casa de los Famosos.

Otra forma de debilidad, más silenciosa, pero igual de costosa, es la obligación de sostener a quienes ya son una piedra en el zapato. Cuando un Jesús Ramírez Cuevas o un gobernador como Rubén Rocha Moya se mantienen, la señal es de incapacidad de corrección.

El poder tiene una regla: no admite excepciones, se ejerce o se pierde o, en el mejor de los casos, se desgasta en concesiones pequeñas, desacatos consentidos, en órdenes que se anuncian con firmeza y se ejecutan con tibieza. La autoridad no se erosiona por una rebelión abierta, sino por la suma de gestos; cada berrinche tolerado, cada rebeldía recompensada con una embajada o un premio de consolación es una grieta en el muro del poder y la credibilidad.