La credibilidad es un activo invisible que no aparece en las cuentas públicas, pero que se dilapida igual que el erario. Se construye lentamente, decisión tras decisión, y se destruye con facilidad ante la menor provocación. Cuando un gobierno la malbarata y es capaz de ponerla en prenda para defender a los suyos, no puede decirse sorprendido de que no le crean, ni siquiera cuando dice la verdad.
Cuando Ernesto Ruffo fue detenido y enviado a prisión preventiva por su presunto vínculo con una red de huachicol fiscal, la discusión no giró en torno a los millones de litros investigados, sino al papel que debía asignársele. Para unos es un delincuente; para otros, un perseguido político. La FGR apenas explicaba la acusación y ya se habían repartido las estampitas de santo y las fichas de capo.
¿Por qué tanta incredulidad? Porque para creer que alguien es un perseguido hace falta un gobierno con antecedentes de utilizar la justicia con fines políticos, requisito que la Cuarta Transformación cumple con holgura.
Primero reformó el Poder Judicial, dejando la impartición de justicia en manos de una tómbola en la que el currículo perdió ante el acordeón y dio lugar a una Suprema Corte cercana al movimiento. Después, colocó al frente de la FGR a Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia y amiga de la transformación. A esto se suma una Unidad de Inteligencia Financiera que aprendió a congelar cuentas con una sensibilidad política envidiable. Si el sospechoso pertenece a la oposición, la información viaja a la velocidad de SPEI; cuando se trata de alguien cercano al poder, el sistema es peor que la programación de una cirugía en el IMSS. La justicia mexicana no es ciega, al contrario, distingue muy bien los colores.
El mismo aparato que hoy exhibe a Ruffo mira hacia el techo cuando se habla de algunos amigos como Rubén Rocha, Adán Augusto López, la gobernadora Marina del Pilar Ávila o los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos. La mayoría de estos casos, además, no se originan de una pesquisa nacional, sino de investigaciones procedentes de Estados Unidos.
No es que nunca caiga nadie; si fuera todo malo, el gobierno federal sería el diablo. Hay que reconocer que, de tanto en tanto, son detenidos alcaldes mayormente de Morena, pero también de otros partidos, por sus coqueteos con el crimen organizado. Sin embargo, casi siempre se trata de charalitos municipales mientras que los peces gordos siguen nadando cerca del presupuesto o impulsando iniciativas en el Congreso. El caso de mayor tamaño quizá sea el de Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, acusado de tener nexos con el CJNG. Sin embargo, incluso ahí, la investigación federal avanzó tras denuncias empresariales.
Para no ir más lejos en la involución de la justicia mexicana, basta un ejemplo. En 2004, René Bejarano fue captado recibiendo fajos de dinero, lo que lo llevó a prisión, mientras que Pío López Obrador protagonizó una escena prácticamente idéntica sin enfrentar consecuencias y hasta pudo reinventarse como víctima.
La sospecha está permanentemente presente en el ánimo nacional; el mexicano, entrenado en esta escuela de doble rasero, ya no dictamina culpabilidad con base en pruebas, sino basado en sus filias y fobias y absuelve o condena según le caiga el acusado.
La credibilidad y la reputación no se recuperan con conferencias, filtraciones ni frases de “no somos iguales”, sino investigando igual a adversarios, hermanos, gobernadores, aliados y amigos. Mientras esto no ocurra, cada captura tendrá dos expedientes, el judicial y el partidista.