Presidenta en 2024

Habrá tiro para la elección presidencial entre dos mujeres, por primera vez, después de 70 años que se reformó la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser electas, es decir, habrá una presidenta de la República en 2024.

Fue primero en el Congreso de la Unión que se logró que las mujeres presidieran, tanto en la Cámara de Diputados, como de Senadores y, posteriormente, después de mucho tiempo, en este año, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se nombró como presidenta a la ministra Norma Piña.

Sin lugar a dudas, fue más difícil lograrlo en el Poder Ejecutivo. No sólo porque los partidos políticos han impulsado muy poco el liderazgo de las mujeres para competir por la máxima representación, sino por la discriminación política contra las mujeres que fomentaba la idea de que no eran capaces de gobernar.

Fue la confianza del presidente López Obrador hacia Claudia, la que originó que ella tuviera mejores posibilidades de ganar las encuestas que le permitieron la representación de su partido y sus aliados para competir por la candidatura presidencial, pero, aún con el enojo de Marcelo Ebrard, finalmente, no cabe duda que los encuestados la prefirieron a ella.

El caso de Xóchitl fue diferente, el modelo de selección que diseñaron los partidos que forman el Frente Amplio por México y diversas organizaciones de la sociedad civil, le abrieron las puertas para que ella pudiera aspirar a lograr la representación (aun cuando orgánicamente no milita en el PAN), pero también fueron los ciudadanos los que decidieron entre Beatriz Paredes y ella para hacerlo.

Es de esta forma que “el tiro” es entre mujeres y habrá presidenta en el 2024. Esto no sería relevante si no fuera porque, ha quedado demostrado que cuando las mujeres tienen la titularidad de los órganos de poder político, cambia la agenda para garantizar sus derechos.

Ejemplos hay muchos, pero señalo el más reciente, el de la SCJN. Me refiero a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto voluntario (autoprocurado o consentido), a propósito del recurso de amparo presentado por la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Para la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, ponente responsable de la primera sala, las disposiciones penales que criminalizan la interrupción del embarazo constituyen un acto de violencia y discriminación en razón de género y “son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”, por lo tanto, mandató al Congreso a que derogue dichas normas antes de que finalice el periodo ordinario.

¿Qué harán las y los legisladores respecto al mandato del Poder Judicial? quizás no lo discutan porque éste es un tema tabú que  siempre divide las opiniones al interior de todos los partidos y la sociedad, pero hoy que el Poder Legislativo es paritario, tal vez se anteponga la agenda de género, más aún cuando la Cámara de Diputados acaba de nombrar a la experimentada diputada Marcela Guerra como presidenta de la Mesa Directiva.

De hecho, desde 2007 que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, hasta este 2023, son 12 estados que lo han hecho, pero la histórica determinación de la SCJN impactará en todo el país, incluso,  aún cuando el Poder Legislativo decida no reformar el Código Federal. Me explico: La determinación de la SCJN garantiza el derecho de las mujeres a que las instituciones de salud federal las atiendan. En ese contexto, vale preguntarse: ¿El Congreso debatirá el tema o lo dejará congelado hasta que se elija a la presidenta de la República? No lo sabemos, lo cierto es que, con base en los perfiles de las presidenciables, a las mujeres no les irá mejor en el próximo sexenio.