Opacidad y corrupción sin Inai

En la sesión del jueves, con la votación a favor de los diputados de Morena y aliados, se concluyó el proceso de aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de las tres leyes secundarias para continuar  el proceso formal con el que se desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Por la tarde, de forma inmediata, el decreto fue publicado en el DOF por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Para qué tantas leyes si no habrá una institución autónoma garante del derecho a  la transparencia?

Finalmente, no habían pasado ni 24 horas cuando personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio del Inai. Con estas acciones y sin haber resuelto las demandas de los trabajadores que se encuentran manifestándose a las puertas del edificio,  se cierra el ciclo  del proceso formal y real de la desaparición del Inai. A partir de ahora, el gobierno vuelve a ser juez y parte en la rendición de cuentas, tal y como sucedía antes de 1997, fecha en la que, a partir de la lucha ciudadana y los acuerdos parlamentarios, inició el proceso de cambios jurídicos para que hubiera una real rendición de cuentas de los gobernantes. Así, poco a poco, por capricho y conveniencia, se va minando lo que se había logrado avanzar en el fortalecimiento del régimen democrático en los últimos 25 años.

El Inai fue creado en 2002 bajo el nombre de Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y desde entonces fue una institución incómoda para los gobernantes en turno, no sólo del ámbito federal, sino de los tres niveles de gobierno; sin embargo, la peor confrontación la vivió en el sexenio pasado, porque la opacidad del ejercicio de gobierno del expresidente López Obrador fue la normalidad y no la excepción, más de 75% de los trabajos de las obras ordinarias o emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA se realizaron mediante asignación directa y sin rendición de cuentas en la plataforma nacional de transparencia o en los informes de gobierno presentados a lo largo de su sexenio.

La gota que derramó el vaso y encendió la furia del expresidente López Obrador en contra del Inai fue el escándalo que se desató en mayo del 2023, a partir de darse a conocer la información de los contratos de Pemex con la empresa Baker Hughes, y la relación de uno de sus altos ejecutivos con la propiedad de la Casa Gris, en la que habitaba José Ramón López Beltrán, en Houston. A partir de entonces, se recrudeció la campaña de hostigamiento hacia el Inai, por lo que, después de los resultados electorales de junio pasado, ya se veía venir su desaparición.

Como consecuencia de la falta de rendición de cuentas, hubo mayor percepción de corrupción. En 2024, México ocupó la posición 140 de 180 países evaluados, con una calificación de 26 puntos de los 100 (cinco puntos menos que en el 2023). Muy lejos de Dinamarca (90/110) y muy cerca de Rusia (22/100). Respecto a la OCDE, México ocupa el lugar 38 de los 38 países, es decir, el peor evaluado. En AL las cosas cambian, porque después de México hay otros seis países peores, el último lugar lo ocupa Venezuela (Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana).

Cabe mencionar que estos datos ya estaban impactados por el conocimiento de los escándalos de corrupción de Segalmex, órgano adscrito a la Sader, pero aún no se sabía sobre los señalamientos de corrupción en la compra de medicamentos para surtir las megafamacias por parte de la empresa estatal Laboratorios Biológicos y Reactivos (Birmex), que, presumiblemente, ascienden a un monto de 13 mil millones de pesos, y que motivó que en esta semana fuera sustituido su titular.

Lamentablemente, los costos de la desaparición del Inai los pagan los gobernados, porque entre menor transparencia, mayor abuso de poder.