La justicia se defiende ejerciendo el derecho

Por: César Alejandro Ruiz Jiménez

La reforma judicial prometió limpiar al Poder Judicial de una corrupción e ineficiencia que nunca fueron diagnosticadas ni, menos aún, probadas. En la práctica, lo que produjo fue algo peor: tribunales ocupados por juzgadores sin experiencia, decisiones jurídicas cada vez más erráticas y una creciente incertidumbre para quienes acuden a la justicia. Si los tribunales se equivocan ocasionalmente, el sistema resiste; pero cuando los errores se vuelven parte del funcionamiento ordinario, los derechos constitucionales comienzan a perder eficacia real.

La mayoría de los nuevos jueces mantiene vínculos visibles con el partido gobernante. La imparcialidad en asuntos que involucran al gobierno ha quedado profundamente comprometida. Sin embargo, todavía quedaba una duda: qué pasaría con la justicia cotidiana. El resultado es desolador. Hemos presenciado episodios de juzgadores que no tienen idea del procedimiento ni de cuestiones técnicas del juicio de amparo, de los procesos penales o de conceptos básicos de derecho. En consecuencia, hoy los justiciables viven más incertidumbre que nunca.

El caso más alarmante se vive en la SCJN. Dejando de lado su escasa productividad, el desorden en las sesiones públicas, la lectura de textos prefabricados, los errores al contar sus votos o los viajes proselitistas, lo que más preocupa es la ligereza de la argumentación y la ausencia de técnica jurídica. Ese actuar pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, los ministros resuelven proporcionalidad de multas usando el rencor; hablan de que un ser humano concebido por técnicas in vitro no pertenece a una familia; insisten en destruir la cosa juzgada; desconocen los efectos de una sesión colegiada y mantienen textos en sentencias definitivas que no fueron aprobados por la mayoría; desconocen la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, o la diferencia legal entre sexo y género.

Los conceptos jurídicos se ajustan al parecer del momento. La justicia pierde previsibilidad y se convierte en azar. Los derechos humanos dejan de ser eficaces, pues basta reinterpretar sus límites y alcances para anularlos. Reconocer los riesgos de la reforma no significa resignarnos a ellos. La incompetencia judicial no debe convertirse en parte del paisaje institucional. Renunciar a denunciarla sería aceptar implícitamente que la calidad de la justicia ya no importa.

La Constitución y las leyes aún contienen mecanismos diseñados para enfrentar situaciones de notoria incompetencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, para proteger la integridad del sistema de justicia y garantizar que quienes ocupan posiciones judiciales cumplan con los estándares mínimos de capacidad, profesionalismo e imparcialidad. Los abogados, las barras de abogados, las facultades de derecho, los litigantes y la sociedad civil organizada tienen una responsabilidad clara: denunciar los casos de notoria incompetencia en el ejercicio de la función judicial.

El Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación cuenta con procedimientos de queja y denuncia para iniciar responsabilidades administrativas. El artículo 187, fracción III, de la Ley Orgánica del PJF establece expresamente la notoria ineptitud técnica o jurídica, o el descuido en el desempeño de las funciones, como causa de responsabilidad. Más que nunca, los abogados deben hacer uso de estas herramientas. Así ayudan al Tribunal de Disciplina a cumplir con su función constitucional.

En el caso de los ministros de la SCJN, también existe el juicio político previsto en el Título IV de la Constitución. Los servidores públicos pueden ser sancionados por actos que afecten la legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Corresponde a los juristas visibilizar los actos que encuadran en estas causales.  El pueblo de México tiene derecho a conocer el desempeño de los servidores públicos por los que votó y, sobre todo, a exigir jueces independientes, imparciales y con un mínimo de profesionalismo y pericia técnica. La reforma judicial puede haber debilitado algunos equilibrios institucionales. Pero mientras existan herramientas legales para exigir responsabilidad, también existe la obligación de utilizarlas.

La justicia no se defiende resignándose a su deterioro. Se defiende ejerciendo el derecho.