Segunda vuelta, sí se puede todavía

Ya decíamos aquí que la segunda vuelta se ha experimentado de forma local en San Luis Potosí y que, en los dos procesos que se aplicó, quien mayormente salió afectado como partido fue el PRI y, además, el global de votos se reducía en una segunda votación. Bajo esta lógica, la segunda vuelta no se incluyó en las reformas de 2011 a diferencia de la figura de gobierno de coalición que, hasta la fecha, no ha sido reglamentada.

Cabe mencionar que en algunos países la segunda vuelta se vincula con los gobiernos de coalición. La segunda vuelta electoral provoca que los partidos tengan que aliarse o coaligarse, pero con reglas claras. Si un candidato presidencial obtiene el apoyo de otros candidatos, es lógico que lo hacen bajo la perspectiva de ganar algo por esa declinación. Al obtener una votación mayoritaria, el candidato ganador tiene mayor legitimidad ante los ciudadanos, pero, también, mayor apoyo dentro del Poder Legislativo. Permite también que haya mayor pluralidad en la integración del gabinete toda vez que, en el caso mexicano, a partir de la elección de 2018 la Cámara de Diputados y la de Senadores participen en la ratificación de algunos funcionarios clave del gabinete, como el secretario de Hacienda y el fiscal general de la República (además de los funcionarios que ya venían avalando los senadores).

Sobre el obstáculo del tiempo para aprobar la segunda vuelta electoral, cabe hacer algunas reflexiones. En la mayoría de los países democráticos, los cambios del sistema político se realizan con base en coyunturas, no es cierto que, en este caso, aprobar la segunda vuelta electoral sea para cerrarle el camino a algún candidato de algún partido en particular. No se priva a ningún candidato de buscar las alianzas que le convengan, es decir, puede ser que si ningún candidato en la primera vuelta alcanzara el porcentaje de votos que se acordara (por ejemplo, 50%), los diferentes partidos se verían obligados a aliarse y coaligarse para gobernar si llegan a la Presidencia. Esto podría suceder entre Morena y el PRD (aunque López Obrador ya descartó esa alianza); el PAN y el PRD; el PRI con el PAN, o el PRI con el PRD, es decir, de cualquier combinación capaz de construir quién encabece las alianzas.

Sobre el periodo fatal de cambios constitucionales, hay que decir que si se generan acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas del Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo (en ese aspecto, el Presidente ha demostrado su capacidad de lograr acuerdos), éstos se pueden realizar. Nuestra democracia formal se ha ido consolidando precisamente por la capacidad que ha tenido el sistema político para realizar reformas políticas, que han permitido transitar mediante reglas aprobadas de forma mayoritaria. Además, cabe hacer mención de que cuando se han hecho reformas constitucionales pactadas, el Constituyente Permanente (el Congreso de la Unión y los congresos locales) lo han logrado en menos de quince días. En este caso, las leyes secundarias y reglamentarias podrían construirse de inmediato porque el tema ha sido analizado y debatido en diversos espacios académicos y políticos desde 2007, es decir, no se comienza de cero.

Quizás algunos actores políticos se inconformen si se establece la segunda vuelta electoral, pero peor será que lleguemos a 2018 y nos confrontemos por supuestos fraudes electorales. Por supuesto que no basta la segunda vuelta electoral para tener legitimidad de la representación política, también hay que lograr que los gobiernos que se producen de esas alianzas sean eficientes para mantener la gobernabilidad y desarrollar mejores políticas públicas. Es por esta razón que no estaría por demás que se lograra reglamentar el gobierno de coalición, tanto si el Presidente llega electo por una mayoría contundente y opta por esta figura como si llega por una segunda vuelta electoral.

Finalmente, cabe mencionar que tal vez haga falta obligar a los ciudadanos a emitir su voto como lo hacen en otros países, recordemos que son pocas las elecciones en las que se logra que 60% de los empadronados asista a las urnas.