Vapeadores en jaque: México va por la prohibición total

El gobierno federal asestará el golpe final a la industria tabacalera en el tema de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Se espera el último round o, incluso, el nocaut definitivo al prohibir la producción y comercialización de estos productos en el mercado mexicano. Vale la pena recordar que el impulsor en el combate frontal contra el tabaquismo fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su administración se enfrentó a una de las industrias más poderosas como es la tabacalera, que mueve miles de millones de pesos.

Fueron tres rounds entre decretos y contradecretos, así como reformas constitucionales para prohibir el consumo de tabaco, el uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos; así como un revés de la SCJN, que echó para atrás un decreto presidencial que prohibía la importación y comercialización de los vapeadores por ser inconstitucional. Al exmandatario federal ya no le alcanzó el tiempo para dar el cuarto round y tal vez el nocaut. En anteriores columnas me preguntaba si, al terminar el sexenio de López Obrador, la próxima presidenta de México seguiría, se detendría o avanzaría en la lucha contra el tabaquismo. Hoy esa respuesta está contestada. Claudia Sheinbaum envío, hace dos meses, a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la atención de la salud de la población.

Ayer, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que dirige el morenista Pedro Zenteno Santaella, se reunió para el análisis y aprobación de este proyecto de dictamen, que plantea incorporar un nuevo capítulo a la ley, estableciendo la prohibición total sobre la producción, comercialización, importación, exportación, publicidad y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos.

Prevé la definición legal de dispositivos prohibidos, la prohibición integral de actividades comerciales y promocionales, y establece sanciones penales de uno a ocho años de prisión y multas de 11 mil a 226 mil pesos aproximadamente. Se dan facultades de la autoridad sanitaria para aplicar medidas de seguridad y no se sanciona la portación y el uso.

En un texto de 829 páginas se subraya el riesgo que implican los cigarrillos electrónicos para la salud, en particular para los consumidores más jóvenes. No hay duda de que México ha dado un giro importante en su política para el control del tabaco: implementando espacios 100% libres de humo de cigarro; restringiendo la publicidad y ahora prohibiendo los vapeadores. Un pleito que se inició desde el sexenio pasado, que hoy prosigue y que seguramente continuará porque la industria tabacalera tiene mucho poder de cabildeo y de filtración en las esferas políticas y gubernamentales.

ABATELENGUAS

En la lucha contra las adicciones y el narcotráfico, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Cofepris, buscará actualizar el listado de medicamentos controlados, incorporando compuestos de alto riesgo y reclasificando estupefacientes con valor terapéutico, pero con potencial de abuso. Es así como algunos opioides para la depresión o para dejar de fumar se estarán sumando a esta lista de sustancias controladas debido a los riesgos que existen de convertirse en una amenaza para la salud pública por su alta potencia, riesgo de adicción y efectos multisistémicos, y otras, como el tramadol, serán reclasificadas.

BAJO EL MICROSCOPIO

En la celebración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Salud dio a conocer los Criterios para la atención integral del abuso y violación sexual, que se deben cumplir en clínicas y hospitales para que las víctimas reciban el servicio médico que requieren, sin necesidad de presentar una demanda penal o realizar trámites administrativos. Bien por ello, pero ahora las autoridades de salud tienen que trabajar porque, en los hospitales públicos de todo el país, la persona violentada reciba una atención médica pronta, de calidad y efectiva. Además de respetuosa, oportuna, sensible y sin revictimización. Y ahí hay todavía un camino largo por recorrer.