Sólo habrá un IMSS-Bienestar

Era lo más lógico que el programa IMSS-Bienestar, que nació en la década de los 70, se terminara fusionando al Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar.

Este programa surgió para ayudar a las comunidades rurales e indígenas más marginadas del país que no tenían atención médica.

Nació bajo el nombre del IMSS-Coplamar, después se le cambió a IMSS-Solidaridad; luego, IMSS-Oportunidades; después, IMSS-Prospera y, actualmente, IMSS-Bienestar, el cual acaba de cumplir 45 años de creado.

El gobierno federal alista un decreto presidencial por el que se pretende transferir los recursos del programa IMSS-Bienestar al OPD IMSS-Bienestar, que son de alrededor 21 mil 623 millones de pesos, así como los hospitales y centros de salud rurales.

Este programa, dentro del instituto, era ubicado como “el patito feo” del Seguro Social, que atendía a los más pobres del país que no estaban afiliados ni al ISSSTE ni al IMSS. Con el paso del tiempo se convirtió en una carga para el IMSS ordinario porque, si bien ellos prestaban al personal médico, las instalaciones pertenecían a las comunidades y a los estados. El presupuesto siempre lo dio la Federación y los estados. Incluso, por varios sexenios, el presupuesto para este programa no aumentó, lo que generó un importante rezago en la atención médica. Este programa atiende actualmente a una población de 11 millones de usuarios que viven en las zonas más marginadas de 28 estados del país. Desde que llegó esta administración, el equipo de salud fijó sus ojos en este programa y proyectó en él lo que ahora se ha convertido en el sistema público de salud más importante de este sexenio: IMSS-Bienestar.

De ahí que suene lógico fusionar este programa a toda la nueva estructura de salud, donde se centralizará toda la atención médica, sólo que habrá diversos baches que tendrán que librar, entre ellos, el personal de salud que pertenece al IMSS ordinario. Se calcula que son como 16 mil que pertenecen al Seguro Social y que, por supuesto, no aceptarán que les cambien sus contratos laborales; otro son los hospitales que tienen en algunas zonas donde no necesariamente son de alta marginación y más bien ayuda hasta el mismo IMSS ordinario en la atención de sus derechohabientes, por lo que ahí tendrá que haber una negociación entre el IMSS ordinario y el IMSS-Bienestar para ver si se quedan con esos hospitales.

Esta fusión puede beneficiar a la población porque tendrá acceso a la atención médica de alta especialidad que el programa IMSS-Bienestar no otorgaba. Sin embargo, de poco servirá esta fusión si los hospitales y centros de salud no cuentan con personal médico, equipos y medicinas. Actualmente, el gobierno federal tiene el control de los recursos, de la nómina del personal médico y de los hospitales en 23 estados del país.

ABATELENGUAS

Muy bien que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres se inscriba al ISSSTE, como corresponde a los servidores públicos. Ojalá que cuando requiera del servicio médico acuda a formarse desde muy temprano y que espere pacientemente su turno para ser atendida; y que esta decisión que tomó no sólo sea para llamar la atención. Hay que recordarle que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ambos servidores públicos, acuden a atenderse en los hospitales del ISSSTE como les correspondería, debido, en parte, al rezago en la atención médica que presenta el ISSSTE.

BAJO El MICROSCOPIO

Resulta que la Cofece ya le echó el ojo a diversas empresas que proveen a las instituciones de salud pública las pruebas de tamiz neonatal y productos relacionados con la aplicación de este test debido a posibles prácticas monopólicas. Estas pruebas son un examen crítico que se realiza a los recién nacidos para detectar condiciones de salud graves. La Cofece analiza si existen prácticas monopólicas absolutas, como la coordinación de precios, restricción de la oferta, división de porciones del mercado o coordinación en licitaciones e intercambio de información entre competidores. De comprobarse, las consecuencias podrían ser multas superiores a los 20 mdp e inhabilitaciones para ejercer cargos directivos hasta por cinco años. Bien por esta investigación.