La reforma migratoria en Estados Unidos

La Ley de Ciudadanía de Estados Unidos presentada en la Cámara alta por el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y en la Cámara baja por la representante Linda Sánchez, demócrata de California e hija de inmigrantes mexicanos, se divide en tres grandes partes. De manera somera, se podría sintetizar de la siguiente manera: en primer lugar, contempla un camino hacia la ciudadanía; en segundo lugar, agrupa nuevas medidas de gestión fronteriza; por último, incluye políticas públicas para enfrentar las causas de raíz de la migración en el norte de Centroamérica.

Con respecto al camino para la ciudadanía, la iniciativa contempla otorgar un estatus temporal de residencia para personas indocumentadas que estuvieran en Estados Unidos antes de enero de 2021, con la posibilidad de solicitar residencias permanentes (green cards) después de cinco años, tras pasar pruebas de seguridad y haber pagado impuestos. Además, las personas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aquellas con estatus de protección temporal (TPS holders), así como trabajadores agrícolas serían elegibles para solicitar residencia permanente. Las personas con residencia permanente podrían solicitar la ciudadanía estadunidense después de tres años, tras pasar pruebas de seguridad, inglés y civismo.

El segundo componente de la reforma incluye una modernización de la infraestructura fronteriza para promover la seguridad. En tercer lugar y, en convergencia con la visión del gobierno de México, la propuesta legislativa incluye financiamiento por hasta cuatro mil millones de dólares para atender las causas subyacentes de la migración en El Salvador, Honduras y Guatemala. Además, la iniciativa presenta programas de reunificación familiar y mejoras para acelerar los procesos migratorios. Para las personas solicitantes de asilo, contempla el establecimiento de canales seguros para que puedan solicitar asilo desde sus países de origen.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos, en coordinación con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a implementar una ruta de atención para las personas solicitantes de asilo que aguardan su proceso en territorio mexicano. El pasado 19 de febrero, un grupo de personas solicitantes de asilo transitó desde Tijuana a San Diego para seguir adelante con su solicitud ante las cortes estadunidenses. Es muy importante recalcar que tanto esta medida como las contenidas en la iniciativa de reforma migratoria aplican únicamente para migrantes que ya se encontraban en Estados Unidos desde una fecha determinada o con casos activos en el programa conocido como “Protocolo de Protección al Migrante” (MPP, por sus siglas en inglés).

Debido a las implicaciones directas en la vida de millones de personas mexicanas en Estados Unidos, el gobierno de México da la bienvenida al robustecimiento del programa de Acción Diferida (DACA), al fin de la construcción del muro y a la iniciativa legislativa que da un camino para la ciudadanía de millones de personas indocumentadas. Nuestra posición en favor del no intervencionismo y, en este caso, desde el pleno respeto a los asuntos internos de Estados Unidos coexiste con nuestro objetivo central de protección a las personas mexicanas en el exterior, particularmente nuestra comunidad al norte del río Bravo.

La presencia de nuestros y nuestras connacionales en Estados Unidos es profundamente favorable desde cualquier ángulo que se mire. Desde nuestros principios constitucionales y en colaboración con nuestros aliados, trabajaremos para que las enormes aportaciones de nuestra comunidad sean reconocidas en dicho país.

                *Abogado y maestro en políticas públicas.
                A cargo de dirigir la política para América del Norte
                de la Secretaría de Relaciones Exteriores