A lo largo de los últimos siete años, sobre todo cuando se les cuestionaba sobre algún asunto espinoso, tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum solicitaron de manera reiterada que se hablara más de Genaro García Luna. Quizá hoy sea un buen día para hacerlo.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón. Siete años después, en diciembre de 2019, fue detenido en Estados Unidos por haber sido acusado de incurrir en delincuencia organizada y recibir sobornos del poderoso Cártel de Sinaloa. Tras un largo juicio, en octubre de 2024 recibió una sentencia de 38 años en prisión por parte del juzgado del Distrito Este de Nueva York.
A lo largo de los últimos años, el gobierno mexicano no se cansó de repetir que el aparato de justicia norteamericano era tan confiable o más que el mexicano. De hecho, en el último año, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a más de 90 delincuentes de alto impacto —desde Rafael Caro Quintero hasta La Tuta y líderes de Los Zetas— como parte de diversas negociaciones de “cooperación bilateral” para combatir el crimen organizado.
El pasado 29 de abril, una fiscalía de Nueva York solicitó la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas más por tener nexos con el crimen organizado y cooperar con el Cártel de Sinaloa —ahora en manos de Los Chapitos— para enviar drogas a Estados Unidos.
Voceros gubernamentales y no pocos analistas simpatizantes del oficialismo no han tardado en señalar que las nuevas acusaciones del gobierno estadunidense tienen claras motivaciones políticas. Puede ser. Otros han llegado a afirmar que, en realidad, importa más dar una lectura política a este nuevo incidente que tomarse la molestia de atender los detalles engorrosos de la ley y los procesos penales. ¿Entonces ya no importa la procuración de justicia?
No deja de llamar la atención que —según las fiscalías estadunidenses— el Cártel de Sinaloa primero haya sido protegido por gobiernos pasados y que ahora se acuse a gobernantes de Morena de hacer justo lo mismo. A decir de los voceros del gobierno mexicano, las acusaciones de 2019 eran totalmente válidas, pero, misteriosamente, las más recientes son un injustificado acto de intervencionismo en los asuntos nacionales. Hay algo muy extraño en el mantra repetido del “cambio verdadero”.
También llama la atención que, de no ser por los señalamientos del gobierno norteamericano, es posible que, a la fecha, tanto el exsecretario García Luna como el gobernador Rocha Moya siguieran libres de enfrentar algún proceso penal: uno gozando de libertad en Miami y otro esperando a concluir su mandato constitucional en 2027.
Es un hecho que el gobierno del presidente Donald Trump está en crecientes apuros con miras a las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Todo parece indicar que su aventura en Irán y el golfo Pérsico será un fracaso épico, la inflación está de regreso y las encuestas no son nada halagüeñas para los candidatos del Partido Republicano. Según las más recientes sobre el voto genérico para las elecciones legislativas en Estados Unidos, los candidatos demócratas tienen una ventaja promedio de más de cinco puntos porcentuales sobre los candidatos republicanos. Por su parte, el presidente Trump tiene niveles de aprobación de sólo 40%, y sólo 34% de los electores considera que el país va en el rumbo adecuado.
Si el gobierno estadunidense está haciendo un uso político de sus fiscalías, ¿la respuesta adecuada del gobierno mexicano es responder en la misma medida? ¿Los gobernantes corruptos y/o criminales, emanados de Morena o de cualquier otro partido, tienen carta de impunidad hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos? ¿Tendremos que esperar a que la Fiscalía General de la República haga lo propio hasta 2027, conforme se acerquen las elecciones intermedias en México? ¿Podemos confiar en una fiscalía y un poder judicial recientemente capturados por el partido en el gobierno? ¿Cuándo será la mejor hora para que rindan cuentas los gobernantes de Morena?