La nueva pelea por los minerales

Hay una frase que se repite en pasillos de gobierno y en consejos de administración: “la transición energética es una carrera”. Lo que casi nunca se añade es la otra mitad: es una carrera… con pico y pala.

Los llamados minerales críticos; litio, níquel, cobalto y tierras raras son el nuevo petróleo de la economía verde, pero con una diferencia incómoda: su valor no está en quemarlos, sino en convertirlos en baterías, imanes, microcomponentes y autos eléctricos. Por eso, cuando México y Estados Unidos publican un plan bilateral para coordinarse en esta materia, no estamos ante un simple anuncio comercial, sino ante un mapa de poder.

El plan propone algo que suena técnico, pero huele a política industrial: coordinar reglas comerciales para asegurar suministro, revisar inversiones sensibles, compartir información geológica, identificar proyectos prioritarios y hasta crear reservas estratégicas. También abre la puerta a discutir pisos de precios en frontera para ciertas importaciones, como mecanismo para evitar distorsiones por subsidios o prácticas no de mercado. Dicho sin rodeos: ya no se trata sólo de comprar minerales; se trata de diseñar el mercado.

Desde el lado mexicano, el mensaje oficial ha sido claro: no hay “entrega” de recursos. La narrativa insiste en que las reservas son nacionales y que lo que se busca es cooperación en un contexto de escasez y de dependencia mundial del procesamiento. Hasta aquí, pragmatismo.

El problema es que, cuando el mundo dice “crítico”, el territorio escucha “extractivo”. Y el riesgo ambiental no es nota al pie: es el corazón del asunto. Hace días, el gobierno anunció la recuperación de 1,126 concesiones mineras (casi 889 mil hectáreas), con un componente relevante dentro de Áreas Naturales Protegidas. La señal política es potente: si vamos a hablar de minerales estratégicos, también vamos a hablar de límites.

Aquí entra el ángulo que suele quedarse fuera del debate comercial: la “minería verde” no existe por decreto; existe —si acaso— por reglas, vigilancia y consecuencias. México ya endureció el marco en 2023 con reformas que amarran la actividad a permisos previos y ponen el tema del agua en el centro de la ecuación regulatoria. En un país con estrés hídrico, esto no es sutileza técnica: es la línea que decide qué proyectos nacen y cuáles mueren en el escritorio.

Lo interesante del plan bilateral es que no se limita a “volumen y precio”. Habla de estándares regulatorios para minería, procesamiento y comercio, y de identificar proyectos que cumplan con criterios internacionalmente reconocidos de conducta empresarial responsable. Traduzco: sin trazabilidad, consulta social real y control de impactos, será difícil conseguir financiamiento, seguros y respaldo político. Eso abre una ventana para que México deje de jugar el papel histórico de “proveedor barato” y empiece a exigir valor agregado y condiciones ambientales como parte del paquete.

Pero esa ventana se puede cerrar rápido si el debate se polariza entre dos caricaturas: “saqueo” contra “soberanía”. El comercio internacional no premia consignas; premia consistencia. Si México quiere que el tema sea oportunidad (y no otro conflicto socioambiental con fecha de caducidad), necesita pasar tres pruebas.

Primera: convertir la agenda ambiental en ventaja competitiva. Hoy no basta con “cumplimos la ley”; hay que demostrarlo con datos verificables. Para minerales críticos, esto implica métricas de agua, huella de carbono, manejo de residuos, restauración y derechos humanos, además de debida diligencia en la cadena. Quien llegue tarde pagará doble: en reputación y en acceso a mercado.

Segunda: ordenar el “cómo” antes del “cuánto”. Los pisos de precios pueden dar certidumbre para invertir en refinación y procesamiento, pero también pueden encender alarmas (¿es una barrera encubierta?, ¿afecta la competencia?, ¿abre la puerta a controversias?). La salida no es renunciar a la herramienta, sino diseñarla con técnica, transparencia y compatibilidad jurídica, para que el remedio no termine convertido en litigio.

Tercera: subir un escalón en la cadena de valor. México ha dicho que quiere ir más allá de la extracción hacia el refinamiento y la manufactura asociada, incluso explorando cooperación con Canadá. Ése es el salto: no exportar tierra, sino exportar capacidad industrial con estándares ambientales verificables.

En el fondo, los minerales críticos obligan a México a resolver una contradicción vieja: queremos ser potencia manufacturera, pero discutimos la minería como si fuera un capítulo marginal. No lo es. Es el prólogo de la transición energética y, por extensión, de la nueva política comercial.

La pregunta para 2026 no es si México “cede” o “no cede”. Es si logra lo más difícil: que cada tonelada de mineral estratégico venga acompañada de algo que casi nunca exportamos en paquete completo: certidumbre regulatoria, licencia social y un estándar ambiental que aguante auditorías, no discursos. Porque si el futuro es eléctrico, el pasado —agua, territorio, comunidades— va a pedir factura en efectivo.