Todos al polígrafo

El detector de mentiras o polígrafo tiene como finalidad identificar la veracidad de las respuestas neurofisiológicas de la persona sujeta a la prueba.

John Augustus Larson es el inventor del polígrafo moderno, mediciones de pulso y respiración con resultados gráficos. En 1921 se utilizó como elemento probatorio ante un proceso penal.

En México, el 19 de julio de 2004, la CNDH emitió la “Recomendación General Núm. 6 sobre la aplicación del examen poligráfico”, el cual es uno de los primeros antecedentes que cuestionan el uso del polígrafo como un medio para la “selección del personal”. Años después, el 21 de agosto de 2008, se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el mismo tenía la finalidad de crear un “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza”, el cual estableciera “los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos” (uno de estos mecanismos era el polígrafo).

Para la integración de este modelo se llevaron a cabo mesas de trabajo presididas por la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, algunos de sus acuerdo fueron: (i) el esquema básico de pruebas era toxicológico, sicológico, poligráfica, investigación socioeconómica y médica, y (ii) no se tienen los recursos humanos suficientes y capacitados para generar esquemas de evolución de confianza suficientes; por lo cual era “preferible privilegiar la consolidación de los centros, a tener procesos deficientes que no centren la atención en procesos eficaces”. En la materia no se avanzó mucho.

Recordemos que el polígrafo se basa en la medición de múltiples respuestas fisiológicas (pulso, respiración, presión arterial, entre otros), mientras se responden diversas preguntas. Para esto es necesario que se haga una prueba de valoración para comprobar que la persona se encuentra en condiciones óptimas para someterse a la misma.

Sin embargo, éste sigue sin ser el problema principal que enfrentan los mecanismos de evaluación y control de confianza. Sino todo lo que rodea al fenómeno: el contexto de las personas, la precariedad laboral que los orilla a coludirse con el crimen organizado o a la corrupción, la falta de seguridad para servidores públicos que se juegan la vida en el cumplimiento del deber, la ausencia de sentido de pertenencia y de espíritu de cuerpo, entre otras.

Es importante señalar que la comisión de delitos, fraudes millonarios y los altos niveles de corrupción e impunidad fueron encubados y desarrollados por personas que, eventualmente, también pasaron por estas pruebas.

Las pruebas de confianza son constitucionales, sin embargo, se deben acreditar plenamente bajo los principios de transparencia, legalidad e inocencia, ya que los pasivos que dejan las demandas laborales en ocasiones resultan más onerosos que el objetivo buscado, la autoridad debe actuar con la ley en una mano y con la justicia en la otra.