Misma oposición, mismos carroñeros, mismos resultados nulos

La oposición mexicana ha hecho del dolor una estrategia electoral y de la tragedia una narrativa. Hoy, bajo el disfraz de una supuesta “marcha por la paz”, vuelve a intentar manipular la indignación social tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. No es la primera vez que recurren al espectáculo. Desde las marchas de “#AMLOVeteYa”, pasando por “El INE no se toca”, “#MiVotoNoSeToca”, “Somos México” y la llamada “Marea Rosa”, hasta las más recientes movilizaciones de 2024, todas han sido ejercicios de autoengaño colectivo: una misma minoría reciclada que se niega a aceptar que su tiempo político terminó. Detrás de esta nueva convocatoria —programada para el 15 de noviembre— aparecen los mismos rostros de siempre. Su guion es el mismo: lucrar con la tragedia, provocar polarización y desgastar al gobierno desde la manipulación mediática. A esta puesta en escena se suman algunos jóvenes bien intencionados, atraídos por consignas de rebeldía prefabricada y símbolos de cultura digital. Muchos desconocen que detrás de la narrativa de “espontaneidad ciudadana” operan intereses políticos claros.

Michoacán no es la cuna del narcotráfico por casualidad, sino el reflejo de un proceso histórico de abandono y complicidades. En los años setenta, su costa fue paso obligado de las rutas del Cártel de Guadalajara; después, en los ochenta, surgieron organizaciones como Los Valencia y Los Amezcua, pioneras en la producción de metanfetaminas en Apatzingán y Tepalcatepec. Con la aparición de La Familia Michoacana en 2006, la violencia adquirió un discurso pseudorreligioso y una estructura social inédita. Bajo el lema “Dios, patria y familia” —hoy reciclado por sectores de la derecha mexicana—, sus líderes Nazario Moreno González El Chayo y José de Jesús Méndez Vargas El Chango Méndez mezclaron el fanatismo con el crimen organizado. Ese mismo año, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, también michoacano, declaró la “guerra contra el narcotráfico”: un operativo que convirtió a su propio estado en el laboratorio del militarismo.

Durante aquel sexenio (2006–2012), doce alcaldes michoacanos fueron asesinados, víctimas de una guerra sin enemigo claro y de un Estado debilitado por la corrupción. La caída de Genaro García Luna, hoy sentenciado en EU a 38 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, evidenció la profundidad de aquel entramado de impunidad que aún deja secuelas. En 2013, ante la ineficacia institucional, surgieron las autodefensas, que comenzaron como expresión ciudadana, pero terminaron infiltradas y cooptadas por intereses criminales y políticos. En el sexenio siguiente, dieciséis alcaldes fueron asesinados en Michoacán. En contraste, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en la implementación del Plan Michoacán, una estrategia integral que combina inteligencia, presencia institucional e inversión social. Se trata de un programa que no busca venganza, sino restauración: devolver al Estado el control del territorio, recuperar la confianza ciudadana y garantizar justicia con métodos modernos y cooperación internacional. Su reciente encuentro bilateral con Emmanuel Macron confirma la proyección global de México en materia de seguridad, tecnología y cultura. Nuestro país ya no actúa a la defensiva: hoy ejerce liderazgo con soberanía.

Por eso, los intentos de la oposición por reanimar el odio —bajo lemas reciclados y financiamiento opaco— resultan tan grotescos como inútiles. Quienes marchan “por la democracia” son los mismos que la traicionaron cuando gobernaron; quienes dicen marchar “por la paz” son los que sembraron la guerra. Michoacán, herido pero digno, ya no será su botín político. La historia no se repite: se ajusta. Y esta vez, el juicio no lo dictará la propaganda, sino la memoria del pueblo.