México, el país más intervenido por Estados Unidos

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje claro a Washington: México ha reducido en alrededor de 50% el paso de fentanilo hacia Estados Unidos, pero la solución de fondo exige que aquel país asuma su parte atendiendo las causas del consumo, a sus jóvenes y a los millones de adictos que demandan estupefacientes. En la misma lógica de resultados verificables, la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch ha logrado una disminución superior a 40% en homicidios dolosos, un viraje que no se veía en tres décadas y que desmiente la narrativa de fracaso.

La historia, sin embargo, pesa. En el Museo Nacional de las Intervenciones de la Ciudad de México se recuerda y se hace constancia de que Estados Unidos ha pisado suelo mexicano en más de 10 ocasiones, en momentos decisivos: como la guerra de 1846-1848, que mutiló el territorio; la ocupación de Veracruz en 1914 y la expedición punitiva de 1916-1917, que penetró Chihuahua bajo el pretexto de perseguir a Pancho Villa. No son episodios aislados: responden a la vecindad, al apetito por recursos y a una lectura utilitaria de nuestra compleja condición social y económica.

México rechaza cualquier forma de injerencia, abierta o encubierta, en asuntos que sólo competen a la nación, especialmente en seguridad, política y economía. La soberanía no es consigna, sino principio operativo del derecho internacional, y su violación —disfrazada de cooperación o de “preocupación”— es una puerta peligrosa a la arbitrariedad.

Nuestra tradición pacífica ha hecho de México un santuario para perseguidos y pueblos en conflicto. Atacarlo o presionarlo sería no sólo quebrantar la legalidad internacional, sino erosionar una ética planetaria de hospitalidad que ha salvado vidas y tejido puentes donde otros levantan muros.

Del otro lado, la pulsión expansionista y colonial de Estados Unidos encuentra hoy un límite en su propio pueblo. Las protestas que se multiplican en las grandes ciudades son el termómetro de un rechazo que ya no es marginal y que refleja el hartazgo ante políticas que desprecian el orden global.

Lo grave es el legado que puede heredarse a las nuevas generaciones: normalizar el atropello y la fuerza como método. Los avances construidos tras la Segunda Guerra Mundial —con raíces profundas en Europa occidental y oriental— no son un adorno del pasado; son el dique que, tarde o temprano, contendrá las ocurrencias del presente, apoyado por autoridades morales, académicas, artísticas y sociales con verdadera influencia en la conciencia colectiva.

América Latina debe articular un frente ético y político contra cualquier autoritarismo que se cebe en los más débiles. La memoria de los agravios —huérfanos, viudas, comunidades rotas— obliga a no repetir la historia.

No normalicemos tragedias como Gaza ni las guerras que se pretenden incubar en nuestra región. Defender al derecho internacional es defender a los derechos humanos.

México, pese a las campañas que buscan desfigurar su identidad, es un pueblo culto, valiente y firme. Cualquier agresión a su territorio no pasará de noche: el mundo observa. Y cuando la soberanía se pone a prueba, también se pone a prueba la conciencia del planeta.