La FGR, su historia y su futuro

La elección del próximo fiscal general de la República llega en un momento decisivo para el Estado mexicano. No se trata únicamente de designar a una persona, sino de revisar críticamente el trayecto institucional que va desde la antigua Procuraduría General de la República —creada en el siglo XIX y formalizada en la Constitución de 1917— hasta la Fiscalía General actual, cuya autonomía se incorporó en la reforma constitucional de 2014 y se concretó en 2018. A lo largo de más de cien años, esta institución ha pasado por etapas de centralización absoluta, profesionalización parcial, reformas técnico-jurídicas y transiciones que nunca terminaron de satisfacer las exigencias de un país cada vez más complejo y desafiante.

La PGR nació como un brazo del Poder Ejecutivo encargado de conducir la acción penal y coordinar al Ministerio Público federal. Durante décadas, su estructura mantuvo prácticas inquisitivas y una lógica vertical propia de un sistema de justicia centrado en el expediente y no en la investigación. Las reformas de los años ochenta buscaron tecnificar la institución; las de 1994 intentaron darle autonomía técnica; la reforma penal de 2008 obligó a modernizar sus métodos bajo el sistema acusatorio; y la transformación en Fiscalía General pretendió crear un órgano autónomo capaz de romper con la inercia histórica. Pero la autonomía formal no sustituyó a la renovación real: las viejas estructuras continuaron vivas.

Hoy, la FGR encara una realidad delictiva radicalmente distinta. Los delitos federales —lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, delincuencia organizada, delitos ambientales, ciberdelitos— ya no se circunscriben al territorio nacional. Funcionan a través de redes globales, plataformas digitales y mecanismos financieros transnacionales que superan las herramientas tradicionales de investigación. Mientras la criminalidad muta, la fiscalía mantiene rezagos tecnológicos, operativos y periciales que limitan su capacidad de respuesta.

Por ello, su renovación debe caminar en paralelo a la reforma judicial que se impulsa en México. Un sistema acusatorio funcional depende de una procuración de justicia eficaz: no hay jueces sólidos sin carpetas de investigación robustas; no hay resoluciones legítimas sin peritajes confiables; no hay justicia plena si la Fiscalía continúa atrapada en prácticas burocráticas que impiden alcanzar la verdad jurídica. La coordinación institucional entre el Poder Judicial, las fiscalías estatales y la autoridad federal será fundamental para consolidar un esquema de procuración y administración de justicia coherente.

A la par, México tiene obligaciones internacionales que no pueden ignorarse. El país es parte de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; los tratados de extradición y cooperación con Estados Unidos, América Latina y Europa; y los mecanismos multilaterales como el GAFI que exigen acciones concretas contra el lavado de dinero. Estos compromisos no son declaraciones diplomáticas: requieren una Fiscalía profesional, interoperable y capaz de coordinar investigaciones conjuntas con otras jurisdicciones.

La designación del nuevo fiscal general debe considerar este contexto. México necesita una institución que comprenda la sociología del crimen contemporáneo, que actúe con rigor jurídico, que honre los acuerdos multilaterales y que asuma la dimensión global del desafío criminal. Una Fiscalía autónoma, sí, pero también coordinada, moderna y plenamente capaz de responder a los delitos federales del siglo XXI.

La historia de la procuración de justicia federal demuestra que la institución ha llegado tarde a casi todas sus reformas. Hoy, sin embargo, el país no puede permitirse otro retraso. El futuro de la FGR será, en buena medida, el futuro de la justicia misma.