La añorada pacificación de México

Pacificar México no es una aspiración ingenua, sino el desafío más profundo de nuestra historia contemporánea. Implica desmontar las estructuras políticas y económicas que, durante más de medio siglo, permitieron el entrelazamiento del poder público con la delincuencia organizada. La violencia no surgió del vacío: se gestó en los márgenes del poder y creció al amparo de la impunidad.

En los años setenta, cuando el cultivo de mariguana y amapola comenzó a orientarse hacia el mercado estadunidense, nació el primer entramado criminal con cobertura institucional. En ese contexto, el nombre de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, fue mencionado por sus nexos con el Cártel de Guadalajara, pionero del narcotráfico moderno en México. Aquella red, formada entre productores, policías y funcionarios, fue el embrión del modelo criminal que se expandiría después por todo el continente.

Décadas más tarde, el país presenció la consolidación de una política de seguridad que confundió el combate con la complicidad. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convirtió la guerra contra el narcotráfico en una transacción. Hoy, cumple 38 años de prisión en Estados Unidos, sentenciado por haber protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Aquel episodio no fue una excepción, sino la confirmación de que el Estado había perdido el monopolio legítimo de la fuerza y cedido su soberanía moral a la corrupción institucionalizada.

El tráfico de mariguana dio paso a la cocaína, la heroína y las metanfetaminas; el crimen aprendió a diversificar sus mercados y a perfeccionar su influencia. Como en la Colombia de Pablo Escobar, el sicariato se volvió instrumento de poder y la corrupción su blindaje político. En México, esa herencia se tradujo en un Estado fracturado que heredó la violencia como deuda intergeneracional.

Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el país transita hacia una etapa distinta. La inteligencia operativa sustituye la improvisación y la coordinación institucional desplaza la simulación. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos han disminuido en 32% respecto al promedio diario registrado al inicio de la administración anterior, alcanzando su nivel más bajo en seis años. Además, se han detenido más de 47,000 personas vinculadas a la delincuencia organizada y asegurado centenas de toneladas de drogas, armas de alto poder, aeronaves, bienes inmuebles y efectivo, debilitando las finanzas criminales que durante décadas parecían intocables.

Estos resultados no son concesiones del azar, sino el fruto de una política de Estado que privilegia la coordinación, la profesionalización policial y la depuración institucional sobre la retórica bélica.

Sin embargo, la tragedia reciente nos recuerda que la pacificación es un proceso en curso. El cobarde asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de Uruapan, Michoacán, sacudió al país entero como una herida abierta. Su muerte representa el eco de una violencia heredada, pero también la exigencia colectiva de no normalizar la barbarie. La memoria de cada víctima es un mandato ético para reconstruir el tejido social y reivindicar la legitimidad del Estado frente al crimen.

Pacificar México no será una dádiva ni un decreto: será una conquista jurídica, política y moral. La oposición y los medios conservadores lucrarán políticamente con la desgracia en vez de reconocer su nefasta aportación a la realidad que hoy vivimos.

El país avanza, aunque duela. Porque sólo cuando la justicia sea norma y no excepción, y el poder sirva al pueblo y no al miedo, podremos afirmar que la paz ha dejado de ser un anhelo para convertirse en una realidad ganada con dignidad y Estado de derecho.