Impunidad o inmunidad, el “fuero” en México

Por Ricardo Peralta Saucedo

El coloquialmente llamado y muy desacreditado “fuero”, se refiere al término legal de inmunidad parlamentaria o procedimental establecido en el artículo 61 que lo define y el 111 que orienta el proceso para retirarlo, es decir, la declaración de procedencia, que en prácticamente todas las democracias del mundo existe por su noble naturaleza.

Su origen se remonta a la defensa de la persecución política de los representantes populares, sin embargo, hoy en México se considera una violación flagrante a la igualdad jurídica. Su vigencia en el texto constitucional es una perversión que hace impunes principalmente a los corruptos.

La Cámara de Diputados es la única que conoce del juicio de procedencia para retirar el “fuero” a los miembros del Congreso, también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, diputados del (eventualmente) Congreso de la Ciudad de México, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al procurador general de la República, los consejeros electorales del INE, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el auditor superior de la Federación, entre otros.

Actualmente 11 congresos locales han eliminado el “fuero”, el artículo 116 constitucional los avala, gran parte por el uso abusivo que se ha hecho de esa concesión legal y otra por el número de adeptos que, por el descontento social, se logran para mercadotecnia meramente electoral, ya que se acerca rápidamente el 2018.

La declaración de procedencia no es una antesala judicial donde se señale culpabilidad o inocencia de un sujeto imputado, es un trámite que puede tardar hasta 180 días para determinar si es viable retirar esa inmunidad y ser procesado judicialmente, solamente en materia penal.

La inmunidad procesal no protege personas, sino instituciones, por ello es irrenunciable a título personal, dichas acciones jurisdiccionales rayan en el analfabetismo jurídico y ofenden la inteligencia colectiva.

El uso primordialmente corrupto del “fuero”, como otras facultades de algunos servidores públicos, ha sido detonante del debilitamiento de la figura, a tal nivel que es denostado de manera general por la sociedad mexicana, es la cereza del pastel de la impunidad.

El fuero, en su abusiva práctica, ha sido socorrido para casos de persecución de prófugos de la justicia que, tomando protesta como diputados, adquieren esa inmunidad y a contrario sensu, procesado para que otros la pierdan por ser una amenaza de competencia electoral.

No hay que apasionarse por la coyuntura, el “fuero” o inmunidad parlamentaria, debe regularse para que no sea una patente de corzo para delinquir, pero no debe desaparecer; algunas funciones, por ejemplo de las comisiones de derechos humanos o las de la Auditoría Superior de la Federación, merecen protección del Estado mexicano, por las particularidades de los asuntos que investigan, no pueden quedar expuestos al manotazo o venganza de algún grupo de poder.

En un país donde la duda institucional y la persecución política prevalecen, se deben fortalecer figuras de protección, no eliminarlas.

Es un despropósito más mediático que eficaz desaparecer el “fuero”. No es popular señalarlo, pero tampoco ayuda al Estado de derecho. No debe ser un privilegio, sino una forma democrática del ejercicio público.

Eventualmente se deberá analizar si esa facultad exclusiva de la Cámara de Diputados debe permanecer ahí o contar con el acompañamiento de la sociedad, como ente colegiado de decisión.

Nuestra Constitución tiene, por mucho, más reformas que artículos en sus primeros 100 años, esto debe hacernos reflexionar sobre su estructura e integración, su permanencia o innovación, las figuras que nos harán consolidarnos como nación o seguir fomentando los vehículos para la impunidad y la corrupción.