¿Qué sigue?

Casi todo el mundo se ha sorprendido por la tersura de la transición política entre las presidencias de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Después de años de fanatismo acusatorio, esto no se esperaba. Los enemigos estaban definidos e identificados, incluso por sus nombres, los pecadores y traidores señalados y los responsables enjuiciados por la opinión pública. Obviamente, el país respira con tranquilidad ante esta transición sin aparentes conflictos, aunque es una situación que suscita legítimas interrogantes.

Las promesas son muchas y costosas. La esencial es sacar a la gente de la pobreza, ofrecer empleos bien remunerados, eliminar completamente la corrupción y la violencia del narcotráfico y unificar al país en torno a un futuro promisorio, incluyendo la relación con Estados Unidos.

López Obrador anunció que habló con el presidente Trump por teléfono y que fue una conversación respetuosa. Existen, sin embargo, nubarrones importantes en esa relación. Obviamente, está la situación del muro entre ambos países, incluyendo la demanda de que México la financie, la renegociación del TLCAN y, más coyunturalmente, las amenazas de Washington de invadir Venezuela y Nicaragua. Cuando Trump habló con la prensa de su país sobre la conversación con López Obrador, deslizó un punto de vista delicado: afirmó que hablaron sobre la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral, excluyendo a Canadá. Eso es lo que quiere Trump, porque le conviene: dividir a los dos socios (México y Canadá) para poder negociar con cada uno por separado. México no debe caer en esa trampa, por más “ventajas especiales” que pudiera ofrecer Washington en una negociación cara a cara.

El futuro secretario de Hacienda ya revisó las cuentas nacionales y sacó una conclusión: no va a bajar el impuesto (IEPS-IVA) que pagamos por cada litro de gasolina, por lo cual ésta no bajará de precio e, incluso, podría subir su costo en el futuro, dependiendo del mercado mundial de hidrocarburos. También se van a cuidar los indicadores macroeconómicos, como el déficit primario, la flotación del tipo de cambio, la independencia del Banco de México, la tasa de inflación y los salarios mínimos. No se utilizará el SAT como instrumento de represión política ni se castigará a los inversionistas foráneos con impuestos adicionales que pudieran servir para impedir el libre movimiento de capitales.

Se aplicarán nuevos criterios para la dispersión del presupuesto federal, manteniendo los criterios actuales en materia de financiamiento hacia las entidades federativas, pero financiando desde el 1 de enero de 2019 el apoyo prometido a todos los jóvenes del país que lo requieren, como parte de la iniciativa para alejarlos del narcotráfico.

Debe recordarse que la aplicación de nuevos criterios en el gasto público no significa la implementación de un nuevo modelo económico. Una cosa es cómo se gasta el dinero público y otra, muy diferente, es la aplicación de un modelo económico que, de manera sustantiva, reparte los beneficios de la riqueza nacional generada por la planta productiva de forma más equitativa entre toda la población. El debate nacional sobre la pobreza oscila entre asistencialismo y un reparto forzoso del PIB con otro criterio. Programas sociales no cambian las conductas de las personas.

El reto es grande, en materia de reparto de la riqueza: el 30% de los hogares con más ingresos acaparan 62.5% del ingreso nacional, mientras el restante 70% de hogares recibe 37,5% del ingreso nacional.      

                Twitter @rpascoep