Normalizando violencia e impunidad

México vive un proceso de normalización de la violencia. Sí: violencia del narcotráfico, pero también la violencia contra las mujeres, el abuso y violencia hacia los niños y niñas, en los ámbitos familiares y escolares. Violencia contra los negocios y contra la economía en general. El pago del “derecho de piso” parece ser parte de la letra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Normalizar la violencia significa resignarnos a la inevitabilidad de su dominio sobre nuestras vidas. No. La violencia es evitable y no tiene por qué regir las vidas de las familias mexicanas. 

El río de sangre se esparce por toda la República. Jóvenes ejecutados en Jalisco, retenes del crimen organizado que sirven para secuestrar y asesinar a enemigos y viajeros inocentes por igual, mujeres obligadas a hacer las veces de transportistas de droga y luego ser asesinadas, mujeres incorporadas a las filas de policías comunitarias o al crimen organizado, mujeres asesinadas a manos de sus parejas, padres, tíos. Hombres campesinos forzosamente incorporados a las filas del narcotráfico. 

 Niños convertidos en halcones y después como sicarios a las filas de las bandas criminales. 

Las historias se multiplican y cada vez son más terribles, día con día. En este momento no existe en toda la República un lugar libre de violencia y de sangre. Y lo que le acompaña, como su origen y eterno maestro: la impunidad. Lo que acontece en México escapa a la imaginación más afiebrada. 

 La violencia no podría haber alcanzado los niveles que tiene sin impunidad como sistema, costumbre y tradición. Y la impunidad habla de un sistema de justicia quebrado, ineficaz, corrupto, manipulado. ¿Por quién o quiénes? ¿Quiénes son los corruptores del sistema de justicia que permiten una impunidad arriba del 94%, según datos del Inegi? 

 El sistema político, tanto el actual como el de antaño, no importa, es el principal facilitador que abre las puertas, de par en par, a la compra de decisiones y de resoluciones. ¿Acaso no es eso lo que escuchamos en los audios donde el fiscal general de la República, supuesto baluarte y defensor de la justicia por igual para todos, negocia resoluciones a cambio de recursos y apoyos, incluso con los ministros de la SCJN? 

La corrupción, ese fenómeno que fue la crítica central de la campaña presidencial de AMLO, no sólo sigue tan campante como siempre en el país y la administración pública, sino que incluso ya se extendió a las filas más profundas de su partido. 

 Al final de este sexenio, veremos los rostros de una nueva burguesía aparecer en los pasillos de lo que venga después. Y esa nueva camada de vividores, surgidos de los contratos fáciles, tendrán necesidad y hambre para más de lo mismo. 

Así que, sin adjudicarle toda la responsabilidad por la actual situación de corrupción extendida, lo cierto es que el Presidente no ha hecho casi nada para combatir la corrupción. Algunos podrían postular, incluso, que durante su sexenio la corrupción ha crecido y se extiende hacia nuevos territorios, como ocurre en las Fuerzas Armadas. El abuso hecho a través de la masificación de las adjudicaciones directas es señal inequívoca de la presencia de corrupción. Así es en Washington, Pekín, Buenos Aires y México. No nos engañemos. 

Ese río de violencia y sangre que nos señala como un país en luto no lo debemos normalizar. Nunca. Luchemos no sólo contra la normalización de la violencia en las familias mexicanas, sino también aprendamos a exigir a las autoridades la corrección de sus conductas ante la corrupción, empezando por el Presidente de la República. Nada de pañuelos blancos hipócritas. 

Acción y más acción para erradicar la corrupción y, por ende, la violencia.