No es la forma de mejorar al Poder Judicial

En el nutrido entramado de carencias que tiene la justicia mexicana, sin duda está la de mejorar la composición del poder de los jueces. Con relativa frecuencia, nos enteramos de yerros que favorecen a quien menos pensábamos y con quienes la opinión pública ya había ejercido un juicio de valor.

Sí, como tantos organismos que tenemos, el Poder Judicial podría pasar por la mejoría de los jueces; esto requiere mejor preparación de los mismos, una estructura más clara, ágil y que proyecte mucho mayor confianza. Pero esto no justifica el asedio que han tenido, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es con improperios, amenazas y buscar extinguir 13 de 14 fideicomisos hasta por montos que pueden privar a quienes ahí trabajan de sueldos y prestaciones.

Eliminar los fondos que ya son derechos adquiridos en materia laboral, seguridad social, vivienda, pensión y coberturas en salud y pensiones, no solamente es tratar de mejorar el sistema judicial, sino empeorarlo. En lo inmediato, debilitaría y además limitaría la operatividad del Poder Judicial federal, dejando en un grado de vulnerabilidad un sinfín de casos que requieren solución en el avance de litigios de todo orden.

El coordinador de los diputados de Morena, un señor de nombre Ignacio Mier es el autor de esta iniciativa que pareciera redactada por quien, desde la plataforma gubernamental de propaganda mañanera, nos dice que el propósito es terminar con los lujos de los ministros que tienen casas lujosas y oficinas en las avenidas más céntricas y de buen tamaño.

Para no morderse la lengua, el diputado Mier podría ver que no hay lujo comparable a vivir en un Palacio con todas atenciones de un amplio cumplimiento de necesidades y comodidades propias de la realeza. Y esto concierne a gobernadores, diputados como él, senadores, jefes de partidos políticos, asesores, directores de paraestatales y toda una gama de funcionarios que se desempeñan en puestos claves de la administración pública.

La cancelación de esos fideicomisos, sin duda correrá la suerte de los numerosos organismos autónomos que al desaparecer se nos dijo se revelarían las corruptelas que dan lugar a esas defenestraciones y que nunca son presentadas.

Garantizar el funcionamiento correcto del Poder Judicial es una obligación de Hacienda, ya que requerimos existan los contrapesos naturales de toda democracia. Hay países donde no existe el Poder Legislativo, pero nunca deja de existir el Poder Judicial que, desde tiempos remotos, en prácticamente todos los países y territorios siempre ha conformado las normas que rigen en las diferentes sociedades.

En nuestro caso, esos fideicomisos financian las obligaciones derivadas de reformas cuyos textos los encontramos en la Constitución, incluso en compromisos y tratados internacionales. Así estuvo en el Tratado de Libre Comercio y hoy continúa en el T-MEC.

No es coincidencia que desde que el acomodaticio ministro Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y fue suplido por la ministra Norma Piña, muy ajena al afecto presidencial, se dé un asedio desde diferentes ángulos a un poder, que, como todos, es perfectible, pero de ningún modo limitado y sujeto a la voluntad de una sola persona.