La señora ministra: asignatura pendiente

Si tomamos en cuenta las imágenes de más de un centenar de vehículos, comercios y casas ardiendo en Sinaloa el jueves pasado, tendríamos que ocuparnos de una descomposición social propia de los Estados fallidos. Tal aseveración necesitaría de uno o varios artículos, pero eso nos distraerá de algo igual o más grueso y pesado como es el que en la Suprema Corte de Justicia ocupe un lugar, la señora Yasmín Esquivel, de evidentes nexos con la irregularidad y hasta el cumplimiento de diversos delitos.

No es condición necesaria el que los ministros sean adversarios del Ejecutivo, pero sí es deseable que no tengan nexos que puedan interpretarse como un conflicto de interés. Y es el caso dada la relación con un connotado constructor, comerciante de obras públicas, su esposa y el Presidente. Este solo hecho debió ser analizado cuando la señora fue propuesta como ministra. No se hizo. Se dejó pasar.

Lo que es imposible de permitir, es que, habiendo sido acusada de haber plagiado o adquirido su tesis para obtener el título de abogada, continúe ocupando una responsabilidad directamente conectada con hechos de la abogacía. Cierto, aún la Universidad Nacional Autónoma de México no emite un juicio categórico ni del sorprendente hecho de que su directora o coordinadora de tesis, haya permitido (¿auspiciado?), otros tres trabajos semejantes. El hecho real, concreto, es que la máxima autoridad universitaria, el rector, ha señalado que se ha comprobado que más de 90 por ciento del trabajo de la señora Yasmín Esquivel (1987), es el mismo que el de otro estudiante presentado y admitido, un año y medio antes (1986).

¿Qué va a pasar con los particulares que se vean afectados por los juicios que haya emitido la señora Esquivel?

¿Cuál va a ser el resultado final de la comisión investigadora de la UNAM que ya ha admitido circunstancias y hechos parecidos o iguales a un plagio?

Todo esto no es un asunto menor ni puede ser borrado con palabrería barata expresada por la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, exonerando a la señora citada. Nada tiene que ver la Fiscalía capitalina con una situación académica con consecuencias torales en diversos casos de justicia, y esto incluye los juicios sobre constitucionalidad en los casos de militarización en el territorio nacional, migración y las industrias eléctricas y de energías renovables. Como estos casos mencionados, están muchos otros de consecuencias muy diversas y que en su momento pasaron por manos que ni siquiera tenían el título bien ganado de licenciada en Derecho.

Todo esto, ¿es válido, aunque su trascendencia sea muy diversa y también de profundidad desconocida?

Dejar pasar estos actos, es negar las razones que sustentan a una nación que dice creer y validar al Derecho como pilar, tanto de instituciones como de vidas colectivas y particulares.

¿Cuánto tiempo veremos transcurrir antes de dar respuesta y a todas las interrogantes incluidas en el caso; o se les dará carpetazo?