Entre la ignorancia y la distracción

Nos volveremos a ver, querido Vicente

Rojo; abrazo solidario a Manlio Fabio

Nada del presente texto tiene por qué asombrarnos, ya forma parte de una conducta que, a fuerza de repetirse, se ha hecho insana costumbre.

El pasado 10 de marzo, el Poder Judicial de la Federación recibió las solicitudes de diversos amparos que fueron turnados a dos jueces: el juez Juan Pablo Gómez Fierro y el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa. Ambos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Qué se pedía en esos amparos? Quienes se sentían afectados por una posible contrarreforma a la Ley Eléctrica solicitaron se estudiara el que sus derechos se veían vulnerados.

¿Qué hicieron esos jueces? Lo que normalmente se hace en esos casos: emitir una suspensión provisional de la ley que pudiera lesionar a los peticionarios con el propósito de enterarse y, al menos, analizar someramente el contenido de esa nueva disposición. Ninguno de los dos emitió resoluciones de suspensión definitiva, tan sólo —repito—, provisional.

Eso fue suficiente para que el Presidente expresara que pedirá una investigación sobre la actuación y vida de los jueces o, al menos, de uno de ellos. Indicó que el Poder Judicial ya no será intocable y, tomando el título de una de las películas del afamado director de cine Arturo Ripstein, López Obrador dijo desde el púlpito mañanero que el Poder Judicial había dejado de ser el castillo de la pureza (sic).

¿Quiénes han solicitado esos amparos, acaso han sido individuos o instituciones oscuras con propósitos descabellados?

Veamos algunas de las solicitudes presentadas en el Segundo Distrito en Materia Administrativa especializada en competencia económica:

Eoliatec del Pacífico, Parque Solar Orejana, Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Eólica Santa Catarina, Eólica de Oaxaca, Fuerza Eólica San Matías, Parque Eólico Reynosa III, Compañía Eoléctrica de Ciudad Victoria, etcétera.

Son empresas productoras de energía limpia y barata, justo lo que el país necesita y lo que hoy en diversas partes del planeta ya se instala para producir energía con la fuerza del viento. Empresas que bien pudieran colaborar con la CFE para, gradualmente, abandonar las plantas nutridas por combustóleo, gas y petróleo, que bien sabemos son fuente cara y sucia de producción energética. No obstante esas bondades, desde cualquier ángulo que se les vea, la calificación que les fue dada es que representan el influyentismo y el abuso en detrimento del pueblo.

Obviamente, la culpa recayó en empresas extranjeras como Iberdrola y personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y el ministro en retiro José Ramón Cossío, quienes “se escudan bajo la excusa del Estado de derecho”.

Esto, que se ha convertido en un derroche de juegos pirotécnicos, parte de una de dos plataformas… o de ambas. La primera es la ignorancia del proceder formal de los jueces y la segunda, recrea el efecto distractor cuando todo el esfuerzo debiera estar dirigido a los grandes asuntos nacionales, fortalecer la pésima educación pública, el tsunami de violencia, la capacidad cada vez más amplia del narco, la salud integral, hoy arrebatada su atención por la pandemia, el desempleo galopante, la pobreza agigantada y una economía, cada vez más, sacudida y maltrecha.

Ni amenazar al Poder Judicial, un pilar de nuestra democracia ni llegar a mencionar en cambiar la Constitución nos hace más fuertes ni más capaces de mejorar al país. Hay que verlo claro: no es la razón lo que hoy rige nuestra conducta colectiva. Y persistimos en ello.