Fuerzas Armadas y seguridad pública

El 11 de mayo pasado fue publicado un acuerdo presidencial que dispone que las Fuerzas Armadas permanente se incorpore a tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Se trata de un acto-consecuencia de las reformas constitucionales aprobadas en 2019 que establecieron en un artículo transitorio que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la Guardia Nacional —y en tanto ésta no termine de desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial—, el Presidente de la República podrá disponer de ella en tareas de seguridad pública.

Es comprensible que dadas las condiciones de inseguridad que padece el país se busque de manera emergente atender esta situación, pero la academia y la prensa especializada han criticado este acto jurídico, porque consolida la militarización de la seguridad pública e, incluso puede llegar a ser impugnada ante la Suprema Corte porque va en contra de muchos compromisos convencionales internacionales que México se ha obligado a aplicar. Sin dejar de señalar la preocupación genuina respecto a la utilización para estos fines de la milicia regular —que es contraria a la doctrina que pugna por el respeto y defensa de los derechos humanos— esta determinación puede llegar a ocasionar tres consecuencias muy importantes e indeseables: la posposición de tener al fin una policía civil fuerte, dañar el prestigio de las propias FA y la generación de mayor impunidad.

La Constitución mexicana ordena en su artículo 21 que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil. La Guardia Civil está comandada por un general, sus integrantes siguen cobrando en el Ejército y la Marina y esta medida adoptada hace temer que durante los próximos años este cuerpo policial seguirá siendo manejado y estructurado con criterios militares.

Hace casi tres lustros en que las Fuerzas Armadas han salido de los cuarteles a combatir al crimen organizado, su prestigio y reconocimiento por parte de la ciudadanía sigue siendo alto; sin embargo —hay que decirlo—, mientras más tiempo pasen en las calles y tengan mayores altercados con la población, sufrirán desgaste, pues se encuentran realizando labores que, sencillamente, no deberían corresponderles. Ya ha habido confrontaciones con comunidades del interior de la República donde se han llegado a desarmar y hasta secuestrar a miembros del Ejército.

La última parte es la impunidad. Los militares actuando en labores de policía no están preparados para aplicar el debido proceso penal, ni a cuidar la cadena de custodia de los detenidos y observar los demás protocolos, que al no ser aplicados de forma correcta terminan por viciar los procesos y ocasionar que los delitos queden impunes. El acuerdo dispone que sus efectos concluirán en marzo de 2024, año en que terminará la presente administración. Ello significa que tendremos un sexenio completo en que dejamos de construir una policía federal civil, profesional, bien entrenada y acorde a las necesidades que tiene el país, desde hace muchos años.

Desde que en 2006 se promovió la llamada “guerra contra el narcotráfico” para hacer frente a la delincuencia organizada utilizando a las Fuerzas Armadas, y hasta finales del año pasado, el número de muertos que se han generado alcanzó los 250 mil, número que habrá de aumentar con los decesos de este año. Como ningún otro suceso en la historia, cifra sólo superada por la Revolución Mexicana.

Como Corolario, las palabras de Napoleón Bonaparte: “Un ejército de leones mandado por un ciervo nunca será un ejército de ciervos”.