Otro frente de tensión con Estados Unidos: el agua (III)

Se sabe que a través del Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos, este último se compromete a entregar anualmente mil 850 millones de metros cúbicos (MM³) del río Colorado, mientras que México debe entregar dos mil 158 MM³ del río Bravo en ciclos de cinco años, lo que equivale a un promedio de 431.6 MM³ anuales. Es importante subrayar que no se trata de un simple intercambio de agua, donde EU, aparentemente de manera generosa, proporciona 4.3 veces más volumen que México.

En realidad, este acuerdo es el resultado de más de 70 años de negociaciones, orientadas al reconocimiento de derechos hídricos, no a un intercambio comercial de recursos.

Como antecedente, cabe mencionar el Tratado de Guadalupe Hidalgo —firmado el 2 de febrero de 1848, el cual puso fin a la guerra entre México y EU (1846–1848)—. El conflicto se originó tras la anexión de Texas por parte de EU, tras su independencia de México en 1836, y culminó con la pérdida de aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano, incluyendo lo que hoy son los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Nuevo México y Arizona.

Aunque este tratado definió los nuevos límites territoriales, omitió regular el uso de ríos internacionales, una falta significativa en una región árida donde el agua es esencial para la subsistencia y la producción. Esta omisión dejó abierta la puerta a conflictos que comenzaron prácticamente al concluir la guerra y que se intensificaron hacia finales del siglo XIX, conforme crecían las comunidades agrícolas en ambos márgenes del río.

En aquella época, prevalecía en Estados Unidos la postura de su procurador general, Judson Harmon, conocida como la Doctrina de la Soberanía Absoluta (Harmon Doctrine). Esta establecía que cada país tiene control total sobre los recursos hídricos dentro de su territorio, sin obligación de considerar los efectos río abajo. Con base en este principio, EU desvió el agua del río Colorado hacia California para desarrollar el Valle Imperial, dejando a Mexicali con un caudal considerablemente reducido y afectando gravemente a los agricultores del Valle de Mexicali, ubicado al final del curso del río.

Para estos agricultores, la negativa a reconocerles derechos históricos sobre el agua implicaba, en la práctica, dejarlos sin acceso al recurso. Simultáneamente, productores del sur de Texas comenzaron a denunciar que los afluentes mexicanos del río Bravo estaban siendo desviados, disminuyendo así el caudal que llegaba a sus tierras.

Tras décadas de disputas y negociaciones, ambos países lograron formalizar un tratado que hoy es reconocido a nivel internacional como un modelo de gestión de aguas compartidas. Con más de 80 años de vigencia, ha resistido cambios políticos, presiones económicas y crisis climáticas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la relación bilateral.

El acuerdo establece criterios claros y equilibrados para la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana, atendiendo las necesidades agrícolas, urbanas e industriales de ambas naciones. Además, incorpora mecanismos como las “minutas” de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que permiten realizar ajustes técnicos y operativos sin renegociar el tratado completo. También ha facilitado la construcción y operación conjunta de obras hidráulicas como las presas Falcón y La Amistad, fortaleciendo el desarrollo regional y la seguridad hídrica.

Ha llegado a proponerse renegociar el Tratado Internacional de 1944, lo cual resultaría poco conveniente para México. Lo que el país necesita con urgencia no es una nueva negociación, sino una estrategia firme y eficaz para controlar la creciente demanda de agua, que después de más de ocho décadas, supera ampliamente las previsiones originales del acuerdo.