Una mecha corta en el golfo

He venido exponiendo en esta columna cómo Ciudad del Carmen, Campeche, se ha convertido en la muestra más completa del fracaso de la política petrolera de la autodenominada Cuarta Transformación.

La economía de esa isla del golfo de México, donde comenzó el auge de los hidrocarburos en los años 70 con el descubrimiento del megayacimiento Cantarell, hoy languidece ante el incumplimiento de Pemex con sus empresas proveedoras, de las que depende 90% de la actividad local.

La bonanza de hace unos años se ha convertido en una recesión, con negocios que ya no pueden sostenerse ante la caída de las ventas y la exigencia del SAT y el IMSS de que sigan cumpliendo con sus obligaciones a pesar de que Petróleos Mexicanos no les paga.

El constante incumplimiento de la empresa estatal –que, según cálculos, adeuda más de 100 mil millones de pesos a negocios carmelitas, pese a los pagos parciales que ha hecho, siempre con retraso– ha devastado la economía local, causando recortes de personal y cierres de negocios.

Ahora, un accidente vial ha puesto en entredicho la capacidad de los gobiernos federal y estatal para brindar a los 230 mil habitantes de la ciudad siquiera un servicio de salud medianamente competente.

El viernes pasado, Wilbert Antonio Cámara López, un joven empleado de un negocio de pinturas, iba hacia su casa en su motocicleta cuando fue embestido por una camioneta. La conductora se dio a la fuga y, gracias a que es un parte de una familia con conexiones políticas, salió de la isla y no ha sido presentada ante el Ministerio Público para responder por el percance.

El impacto del choque fue brutal, describió el diario Tribuna de Campeche. “El casco de Wilbert quedó destrozado, su rostro seriamente lesionado y su cuerpo con múltiples heridas”.

La víctima, de 20 años de edad, no recibió la atención adecuada para el cuadro de traumatismo craneoencefálico que presentaba. Fue intubado para asistirlo en la respiración, pero, a decir de su madre, el material estaba tan desgastado que no podía cumplir adecuadamente su función. Viendo que nada podía hacerse por él en Ciudad del Carmen, se decidió trasladarlo a Campeche capital –proceso que debió gestionar la propia familia–, pero Wilbert no llegó a tiempo y falleció el lunes.

Este conjunto de hechos ha provocado una entendible indignación entre los carmelitas, quienes, ante el silencio de muchos medios locales, se han expresado en las redes sociales, particularmente en Facebook.

Una sociedad herida por el incumplimiento de los pagos por parte de Pemex se está dando cuenta de que la política social del movimiento que gobierna el país y su estado ha puesto las cosas de cabeza: supuestamente se defiende con Pemex la soberanía nacional, pero la empresa defrauda a sus proveedores, recibiendo servicios que no puede o no quiere pagar, lo cual ha causado el colapso de una ciudad completa; y presume la aplicación de programas asistencialistas, pero la autoridad es incapaz de dar un servicio médico que pueda estabilizar a un atropellado, una práctica básica en el catálogo de cualquier hospital.

¿Qué han ganado los carmelitas con la supuesta “defensa de la soberanía”, lema de Pemex que aparece por todos lados? ¿Acaso soberanía es dejar a su suerte a una población que dio tanta riqueza al país, durante tantos años? ¿Un “gobierno del pueblo” es el que deja morir a un accidentado y permite que la presunta causante de un homicidio imprudencial huya de la escena, aprovechando la influencia de su familia?

A veces los cambios profundos en un país comienzan con hechos concretos en un lugar específico, como la inmolación del vendedor de frutas tunecino con la que comenzó la Primavera Árabe, hace casi tres lustros.

Ya vimos lo que sucedió en Tehuacán, donde otra familia influyente golpeó a un vendedor callejero para que dejara de ofrecer productos frente a su casa, y la posterior protesta social en esa ciudad poblana.

Si la experiencia deja algo, no hay que perder de vista los hechos que han venido sucediendo en Ciudad del Carmen.