La crisis desatada por las anomalías detectadas en el reciente examen de admisión virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México rebasa por mucho los márgenes de una contingencia administrativa en la máxima casa de estudios.
Los análisis técnicos y las estimaciones probabilísticas presentadas por especialistas —como el matemático Raúl Rojas, quien, citado por nuestra compañera Laura Toribio, advirtió que hasta 91% de los admitidos pudo haber recurrido al fraude mediante inteligencia artificial, filtraciones o suplantaciones— revelan un síntoma profundo que atañe al país entero. No estamos únicamente ante una vulnerabilidad técnica del concurso de selección, sino frente a un espejo incómodo que refleja una preocupante inclinación social hacia la deshonestidad.
Si bien es cierto que la tentación de buscar el atajo o sacar ventaja forma parte de la condición humana, las sociedades que han logrado organizarse mejor no lo han hecho porque sus ciudadanos posean una naturaleza moral superior. Ningún pueblo es, biológicamente hablando, más proclive al engaño o al cumplimiento de la norma que otro. La diferencia radica en que otros países han sabido construir arreglos institucionales, culturales y legales capaces de desincentivar los actos de deshonestidad, haciendo que el costo de la falta sea mayor que su beneficio. Eso es lo que en México no hemos sido capaces de consolidar. El que una cifra tan alta de aspirantes seleccionados (o incluso la mitad) haya acudido a la trampa dibuja un diagnóstico doloroso: habitamos un país en el cual abunda la gente que asume el fraude como un triunfo del ingenio, una demostración de astucia que incluso se presume y se justifica sin el menor pudor en espacios públicos como las redes sociales. Esta visión se contrapone con la de una minoría que, casi de manera estoica, continúa defendiendo el valor del mérito y la rectitud. Enfrentamos, pues, una dinámica social donde parece configurarse una mayoría proclive al atajo, al “agandalle” y al cinismo, frente a un sector minoritario dispuesto al estudio riguroso, al esfuerzo sostenido y al apego a las reglas.
Lo acontecido en el proceso de admisión a la UNAM debiera preocuparnos y ocuparnos a todos, cuestionarnos urgentemente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Actuar con ética tendría que ser la condición más elemental para ostentar el carácter de universitario. Como egresado que soy de la UNAM —ingresé allí luego de aprobar el examen de ingreso hace 41 años—, me preocupa el enorme embrollo en el que se encuentra metida la institución, un conflicto que atenta contra su prestigio histórico y su autoridad moral y que, además, pudiera desatar conflictos diversos. Me alarma pensar que de estos concursos de selección emerjan los futuros médicos, abogados, ingenieros y científicos de la nación, formados con nuestros cada vez más escasos recursos públicos, sin un compromiso genuino con los principios éticos más básicos.
Sin embargo, como mexicano me inquieta aún más constatar la enorme cantidad de compatriotas dispuestos a abrazar la trampa como método de superación personal. Esto pone de manifiesto un severo problema de educación en el sentido más amplio del término: educar no es meramente memorizar contenidos o acumular conocimientos técnicos, sino aprender a elegir bien y actuar siempre en función del interés común.
Tenemos por delante el reto impostergable de llevar a cabo una reflexión muy profunda sobre los mecanismos sociales y legales que requerimos para desincentivar estas conductas y sancionarlas de forma ejemplar en cuanto aparezcan. La impunidad cotidiana es el abono perfecto para la erosión de la confianza colectiva. Ojalá la UNAM aproveche esta dolorosa coyuntura para reivindicar su historia, sentar un precedente y encontrar la mejor solución institucional a esta crisis. El futuro de la universidad pública y la integridad de nuestro tejido social dependen de que seamos capaces de demostrar que el mérito, la honestidad y la ley aún tienen sentido en México y cabida entre nosotros.